La La Constitución de 1978, votada mayoritariamente por los españoles, fue muy generosa con los grandes pequeños partidos nacionalistas del momento. Esta generosidad no ha sido correspondida. Abusando de la representación sobreponderada que la Ley electoral les regala, los partidos nacionalistas han buscado una relación bilateral con el Estado español o con el Gobierno español, aunque sigan estrategias dispares. El PNV ni siquiera votó la Constitución y, después, no ha manifestado lealtad a la misma. Con distancia y desapego ha gobernado desde las primeras elecciones autonómicas, apurando su reducida contribución a las arcas del Estado, para acabar instalándose en el plan Ibarretxe. La trayectoria de la coalición CiU es muy diferente.
CiU ha logrado grandes acuerdos con el Gobierno de la nación, independientemente de sus signo, cuando no estaba apoyado por una mayoría absoluta. Esta situación privilegiada les ha permitido cumplir sucesivamente programas políticos de máximos que hubieran sido impensables para Tarradellas . Sin abandonar el victimismo cultural y fiscal, han ido subiendo el nivel de exigencias de la política lingüística propia y sobre un sistema tributario y fiscal catalán, a medida que el Gobierno nacional extendía sus conquistas simétricamente a todas y cada una de las regiones. Esta simetría autonómica nunca ha sido compartida por CiU.
XDESALOJADA LAx coalición de la Generalitat y convertida en aliado de segunda categoría del Gobierno nacional, el Tripartito catalán tomó el relevo con vigor y consiguió la aprobación por las Cortes de un nuevo Estatut. El Gobierno autonómico amplía constitutivamente su poder para intervenir en la esfera pública y más aún en la esfera privada de los catalanes. Como siempre, la mayor descentralización y el ejercicio de nuevas competencias se acompaña de mayores exigencias financieras y de quejas sobre la aportación excesiva a la solidaridad con los ciudadano de otras regiones, a la que quieren poner límites cuantitativos y temporales.
Asistimos pues al inicio de una etapa quizás comparable a la que se abrió con la Constitución de 1978. Cumpliendo las previsiones del Estatut, en la reunión de los presidentes Zapatero y Montilla del pasado 8 de enero acordaron la constitución de las tres comisiones para su desarrollo: la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales, a principios de febrero; y antes de que finalice marzo, la comisión bilateral Generalitat-Estado y la comisión de infraestructuras. Unos días antes el consejero de economía Castell pedía al Gobierno de la nación que evite "la carrera de las comunidades autónomas para eliminar impuestos". Parece que el bilateralismo que se propugna desde la Generalitat tiene de nuevo carácter asimétrico. El ejercicio de la autonomía catalana es bueno para España y la autonomía de otras regiones es mala para Cataluña, según el nuevo Gobierno catalán.
No obstante, la reducción de impuestos directos o su eliminación para atraer contribuyentes de rentas altas y empresas de una región a otra puede ser un despropósito en un Estado unitario. Los mecanismos de redistribución de las rentas procedentes del mercado único se regulan por leyes que tratan por igual a todos los ciudadanos. Los acuerdos bilaterales con los gobiernos regionales tienen difícil encaje, tanto por la fragmentación del sistema tributario y fiscal, como respecto a las intervenciones de los gobiernos autonómicos en la economía regional que afecten a la unidad de mercado.
En la España actual, la distribución más igualitaria de la renta entre las personas y las políticas sociales en mano de los gobiernos autonómicos frenan las migraciones interiores. Sin embargo, las libertad de movimiento, la elección de residencia y la localización de empresas, no puede menoscabarse por normativas autonómicas.
El Estado de las autonomías está muy consolidado. Los gobiernos regionales tienden a conseguir el máximo de competencias y de recursos financieros y, como mínimo, la redistribución simétrica de los bienes y servicios públicos. El Gobierno y la Administración General del Estado no pueden limitarse ni se van a limitar a la coordinación y supervisión de las iniciativas particulares de los gobiernos autonómicos.
*Economista
