En la misma semana nos enteramos: que el PP intentó ocultar el salario de Bárcenas disfrazándolo de finiquito (le pagó el IRPF y la Seguridad Social en 2011 y 2012 habiéndolo despedido en 2010); que la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho , denuncia presuntas escuchas durante el almuerzo que mantuvo en julio de 2010 con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola para ser informada de una presunta evasión de capitales cometida por el hijo mayor del expresidente Pujol ; que el alcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos , imputado en la trama de corrupción urbanística de la Operación Mercurio anuncia su dimisión; que Arturo Fernández , vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña, se toma "tiempo de reflexión" por el asunto de supuestos pagos en negro a sus empleados; que el alcalde imputado de Santiago de Compostela, Angel Currás , asume las competencias del concejal detenido.

En esa semana constatamos: que la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca fue admitida a trámite, y que PP y PSOE pactaban su tramitación por la vía de urgencia; que la secretaria general de la internacional de las juventudes socialistas, Beatriz Talegón , denunció en Cascáis a sus correligionarios por "falta de acción o de acción"; que el PSOE presentó una propuesta de resolución en el Congreso para que los representantes públicos sean obligados a colgar anualmente en la red sus declaraciones de la renta e informen mientras ejercen y justo antes de dejar el cargo sobre todos sus bienes, cuentas, casas, joyas, coches, acciones, trabajos paralelos.

Las distintas muestras podrían servir para ver la botella de la democracia media, medio llena o medio vacía. Pero lo cierto es que las Adas y Colaus de las tierras de España constatan que hay partido; que sí se puede obligar a las instituciones a regenerarse cuando se actúa, que no basta con los discursos y las denuncias; que la democracia está en nuestras manos (y Cristóbal Montoro pretende reducirla con Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local).