TAt los imputados del caso Malaya, cuya vista oral se inicia mañana lunes en Málaga, les salía negativa la declaración de la Renta. Natural: sus rentas, producto del robo, no son de las que se van declarando por ahí, y mucho menos a Hacienda. Sin embargo, salvo esa pequeña precaución de no revelar al Fisco los verdaderos ingresos, la chusma de los malayos no ponía especial cuidado en enmascarar sus actividades delictivas, centradas en el saqueo de los bienes públicos. El principal imputado, Juan Antonio Roca , llevaba años haciendo de las suyas con Gil en Marbella, y parecía persuadido de que mangar a lo grande no estaba ni perseguido ni castigado en España, como, por lo demás, así parecía ser, en efecto. Miguel Angel Torres , el titular del juzgado nº 5 de Marbella que tiró de la manta e instruyó el sumario, también sabía, aunque deplorándolo absolutamente, que todo conspiraba para brindar al hampa de guante blanco y manos sucias el escenario adecuado, el de la impunidad.

Los desafueros y exacciones de Gil, y luego de Muñoz , y luego de Yagüe , y los de sus muchos socios, beneficiarios y palmeros, no sólo se perpetraban a la luz del día y en sede municipal las más de las veces, sino que dejaban automáticamente una estela bien visible para quien quisiera verla: autos de lujo, villas deslumbrantes, aeronaves privadas, fincas, cuadras de caballos, obras de arte, timbas de póker millonarias... Pero hasta 2006, hasta la Operación Malaya alentada por el valor y el tesón del juez Torres , a los chorizos no les molestó nadie. Las urnas, tampoco, pues, al parecer, a la mayoría del cuerpo electoral le iba la marcha.

El lunes empezarán a desfilar por el banquillo bastantes miembros de aquella banda, y ya veremos si devuelven algo del inmenso botín, una parte del cual reclama el actual consistorio de Marbella, que, por otra parte, ha consagrado los desmanes urbanísticos de la horda argumentando la buena fe de los compradores. Pero lo que tienen los botines es que no suelen devolverse.