Menos mal que nos queda Portugal, dicen algunos. La Asamblea de la República, el Parlamento nacional luso, acaba de protestar, y por unanimidad de los siete grupos políticos, por la ampliación en la capacidad de almacenamiento de residuos en la central nuclear cacereña de Almaraz. Se trata de una medida de presión ante la reunión prevista el próximo jueves entre ambos países para tratar el asunto.
Quizás el Gobierno español ha ido demasiado rápido en el otorgamiento de las autorizaciones ambientales y la licencia de construcción del almacén temporal individualizado (ATI), y se ha generado una fricción innecesaria simplemente por una falta de comunicación y diplomacia que habrá que subsanar.
Las relaciones con Portugal no son fáciles, nunca lo han sido. Pese al cariño en general con que los españoles, y los extremeños en particular por vecindad, tratan al país vecino, aunque con un gran desconocimiento de él que sigue siendo mutuo, los recelos subterráneos no desaparecen.
Recientemente, desde la simpatía desde hace 41 años por casi todo lo portugués, la conversación con unos amigos me supuso sin embargo un chasco. Dueños de la típica segunda residencia en la costa central portuguesa, ella me contaba la decepción que tras los años han sufrido con sus vecinos portugueses por una falta de reciprocidad que no es sino una gran muestra de desconfianza atávica.
«Superficialmente muy bien, pero cuando tratas de trabar una amistad, nada», me venía a decir ella. «Te hacen sentir extranjero y de vez en cuando, medio broma o medio en serio, te hacen saber que no confían en nosotros».
Más allá de ese gusto por lo portugués, que se basó inicialmente en el conocimiento gastronómico, y se amplió a lo cultural y exótico por ese cierto estilo de vida british, lo cierto es que las compañías lusas de telefonía, por ejemplo, no tienen ningún problema en arrasar a base de potencia las zonas fronterizas extremeñas y obligar a sus vecinos a usar la selección de red manual; se me quejaba hace tiempo el responsable municipal de un pueblo cacereño fronterizo: mientras Movistar era cuidadosa, del otro lado llegaba un torrente incontrolado de frecuencias que no respetaba la buena vecindad.
La Junta de Extremadura, en este tema del almacenamiento de residuos nucleares, poco puede hacer más que protestar, dentro de unas buenas relaciones generales que mantiene, afirma, con las compañías energéticas.
El asunto es complejo porque de momento no hay ninguna alternativa económica para el Campo Arañuelo, y además no existe una planificación energética nacional que contemple la sustitución por otras fuentes. El Gobierno regional navega en esas aguas turbulentas, en una posición nada fácil.
La singladura, además, dentro de poco cambiará de rumbo en lo político. Apenas hay seis meses más para que el clima de gobernabilidad no empiece a echar cuentas electorales. El próximo verano llegará el ecuador de esta legislatura en la que el PSOE de Fernández Vara gobierna en minoría, con un Podemos ante el cual prácticamente solo ha podido pactar una medida, la ley contra la exclusión social, y que todo indica saldrá del inminente Congreso-Asamblea en Madrid con la misma estrategia de no conceder un milímetro a los herederos españoles de la socialdemocracia.
A partir del verano pues, el ceremonial de los nuevos presupuestos regionales 2018 se plantea en un panorama preelectoral que augura una prórroga, lejos del compromiso de mínimos alcanzado por Vara y Monago en los dos primeros años, prórroga que ya estaría cantada para los siguientes 2019, los del año de nuevas elecciones.
Próximo impulso político a la vuelta del calendario: la presentación de la Estrategia de la Economía Verde Circular.
* Periodista
