WLw os dos grandes partidos extremeños, los únicos que tienen posibilidad de gobernar a medio plazo, firmaron ayer un "Acuerdo sobre los principios que han de regir la administración de Extremadura" que, en principio, debe ser saludado por lo que significa de compromiso ante los ciudadanos para llevar a cabo una gestión de las instituciones basadas en criterios de austeridad y transparencia. Este acuerdo de buenas prácticas tiene la virtud de que ha sido suscrito por PSOE y PP para extenderlo a todo tipo de administraciones, autonómicas, provinciales y locales, así como a organismos, instituciones y empresas en que esté representado mayoritariamente el sector público. Sus protagonistas --el secretario general socialista, Guillermo Fernández Vara, y el presidente del Partido Popular, José Antonio Monago--, han buscado imprimir al acto de la firma, a sus declaraciones durante el mismo y al propio texto del acuerdo un énfasis que pretende acentuar ante los ciudadanos el compromiso de lo firmado. De hecho, el documento incluye un párrafo en el que se recogen hasta 18 "principios éticos y de conducta" a los que se profesa obediencia. Es de esperar, por tanto, que el código de buen gobierno se cumpla en el día a día con las mismas buenas intenciones con que ha sido firmado.
Sin embargo, el documento suscrito ayer contiene aspectos concretos y otros que quedan en el aire y que lo hubieran completado de haber sido objeto de concreción. Sobre todo si se pretende cumplir a rajatabla con el espíritu que lo anima: sabido es que el código de buenas prácticas existe porque hay responsables de administraciones que no han mantenido la actitud de austeridad y probidad en la gestión que les es exigible y que, de esa degeneración de lo que debería haber sido un modo de proceder sin deslices hacia la alegría en el gasto, vienen ahora estos correctivos. Por tanto, si se sabe por experiencia que las buenas prácticas acaban relajándose, hubiera sido bueno que se determinaran, con la máxima exactitud posible, los límites que no se pueden franquear. Y de igual modo que se han firmado compromisos concretos, como que los sueldos y retribuciones de los cargos públicos tomarán como referencia el del presidente de la comunidad y que éste no superará el de la media nacional; o que los altos cargos no se alojarán en hoteles de superior categoría a los de cuatro estrellas; que solo los miembros del Consejo de Gobierno dispondrán de coche oficial y conductor; o que los coches oficiales no se sustituirán antes de que tengan 300.000 kilómetros... Junto a estos compromisos precisos, hay otros que se dejan al albur, como los de reducir los gastos de protocolo; la contratación de servicios externos de consultoría y asesoría; la simplificación en el funcionamiento de la administración; o que los coches oficiales deberán ser "de gama media" y que también tendrán derecho a vehículo con conductor "los asimilados" en categoría a los miembros del Consejo de Gobierno. ¿Qué es gama media? ¿Qué son asimilados? Son preguntas que deberían haber quedado contestadas en el documento firmado ayer, así como la constitución de un órgano independiente de seguimiento que, periódicamente, diera cuenta del cumplimiento de lo acordado.
