Presidente extremeño de CSI-CSIF-Enseñanza

Cuando el 23 de diciembre vio la luz de la Ley de Calidad, muchos profesores y miembros de los diferentes sectores de la comunidad educativa sentimos un alivio al creer que aspectos negativos de la anterior ley (LOGSE), que habían supuesto un grave retroceso en el proceso enseñanza aprendizaje, se corregirían.

Uno de los puntos oscuros era la promoción automática, que fomentaba la pasividad, el desinterés y el igualitarismo. Los alumnos estaban integrados exclusivamente en función de la edad, independientemente de su capacidad, esfuerzo y conocimientos. La nueva ley establece que la evaluación del aprendizaje de los alumnos en la ESO será continua y diferenciada según las distintas asignaturas del currículo. Al finalizar cada curso, el equipo de evaluación decidirá sobre la promoción de cada alumno al curso siguiente, teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de recuperación. Se recrea la prueba extraordinaria de recuperación de las asignaturas no superadas, debiendo repetir curso los alumnos que hayan suspendido más de dos asignaturas.

El error, desde mi punto de vista, que se cometió en esta ley fue dar libertad a las CCAA a establecer las fechas de realización de estas pruebas. Me explico, la lógica general dice que entre los exámenes de junio y los extraordinarios debe transcurrir un tiempo suficiente para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos necesarios que les permitan recuperar las asignaturas suspensas y promocionar al curso siguiente. Esta lógica está avalada por el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa a nivel estatal, que considera que las prueba deberán realizarse en septiembre. Digo que fue un error de la ley porque ha posibilitado que quienes ponen por delante intereses políticos a los meramente educativos, puedan burlar el espíritu de la ley. El pasado 17 de octubre el director general de Ordenación, Renovación y Centros de la Consejería de Educación publicó unas instrucciones por las que se obliga a realizar en Extremadura dichas pruebas extraordinarias entre los días 25 y 30 de junio de 2004, ello sin contar con los profesores ni con sus representantes sindicales. Me parece de poco rigor pedagógico suponer que un alumno que haya sido evaluado negativamente el día 20 de junio, pueda conseguir una evaluación positiva 4 ó 5 días después. Si la razón que ha movido a la consejería ha sido no retrasar el inicio de curso, entiendo que no es motivo suficiente, pues sólo se retrasaría una semana, y sin lugar a dudas sería una semana bien empleada si con ello se consigue que algunos alumnos adquieran los conocimientos necesarios para comenzar el nuevo curso con la preparación adecuada. Con un solo alumno que recupere, habrá merecido la pena esperar a septiembre. El profesorado está empezando a sentirse mero espectador. A la representación de las nuevas tecnologías se suma ahora la de la recuperación récord de alumnos. Espero que en ningún momento se les exijan responsabilidades a los profesores de algo para lo que no se les ha solicitado ni siquiera su opinión.