WEw l Ayuntamiento de Cáceres se encuentra en una situación más que delicada debido a que tiene que hacer frente a sentencias que le obligan a pagar astronómicas cantidades por las expropiaciones de terrenos considerados como zona verde en suelo urbano o para grandes vías urbanas. Se trata de un asunto técnicamente muy complicado que se puede resumir en que el Plan de Urbanismo desde el año 85 -en el próximo este extremo se modificará para adecuarse a la actual Ley del Suelo-- ha obligado al consistorio a expropiar terrenos considerados verdes en zonas urbanas. Los propietarios de estos terrenos han exigido al ayuntamiento que cumpliese sus propios compromisos, es decir, dar la utilidad de zona verde a aquellas superficies que él mismo ha considerado como tal. Esta obligación de expropiar, por un lado, unido al hecho de que el ayuntamiento cacereño admitió en el año 2000 la mediación de un técnico madrileño que calculaba el precio de la expropiación multiplicando el coste ha hecho que el consistorio tuviera ante sí obligaciones de pagar casi 15 millones de euros (2.500 millones de pesetas) por 4,4 hectáreas en el parque del Príncipe a la empresa Promeimsa, que finalmente saldó con terrenos municipales en los barrios de El Rodeo, Perú y en las cercanías de la estación de autobuses; y ahora 6,3 millones de euros (1.050 millones de pesetas) para pagar el coste de menos de dos hectáreas en el mismo parque a la empresa GP Promoción del Suelo. El problema no acaba aquí puesto que hay reclamaciones de otros propietarios de zonas calificadas como verde en suelo urbano y sentencias sobre terrenos que formarán parte de una vía urbana, de lo cual se informa en esta misma edición, y que alcanzan, en conjunto, los 50 millones de euros.

Como se ve, se trata de una papeleta extraordinariamente complicada porque compromete la viabilidad presente y futura del ayuntamiento. Basta señalar que Cáceres tiene presupuestadas para este año inversiones por valor de 18 millones de euros, con lo que solo en pagar a GP se llevaría un tercio de esa partida.

¿Estamos ante un pelotazo urbanístico? Coloquialmente sí, aunque no desde el punto de vista legal: el ayuntamiento se encuentra en una coyuntura a la que se ha llegado por dos errores: una nefasta solución técnica al problema de las zonas verdes en suelo público; y una decisión no menos nefasta que fue lo que significó aceptar un laudo de un técnico que disparó el precio del suelo expropiado. Pero, salvado el hecho de que el comportamiento de los reclamantes se ajusta a las normas, hasta el punto que ha sido el Tribunal Supremo el que ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Extremadura que ha considerado legal multiplicar por diez el precio de una parcela, esas sentencias suponen un auténtico saqueo de las arcas municipales porque las dejan exhaustas.

Algunas empresas urbanísticas se han beneficiado de la legislación con tanto provecho como quebranto para el conjunto de los ciudadanos, que ven cómo sus impuestos no se podrán destinar a pagar servicios que mejoren la ciudad, sino a engordar las cuentas corrientes de esas firmas. El hecho de que algunas de estas empresas se hayan constituido solo semanas antes de comprar terrenos cuyo valor se ha multiplicado por diez no añade a esta situación más que la sensación antes citada de entrar a saco en la caja municipal.