Las indemnizaciones del caso del ruido de la Madrila sientan un precedente jurídico en España. No hay antecedentes de indemnizaciones económicas tan elevadas por daños morales a vecinos perjudicados por el ruido de establecimientos de hostelería con cuantías que van desde los 2.500 a los 10.000 €. El fallo de la Audiencia Provincial de Cáceres de esta semana viene a ratificar, salvo con una rebaja de 3 meses de prisión por la demora en la tramitación judicial, la sentencia del juzgado de lo Penal también de Cáceres del pasado mes de enero y resulta muy dura para los políticos, la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad, Carlos Jurado, pero sobre todo para los empresarios. No en vano, con independencia de las indemnizaciones a las que deberán hacer frente, tendrán que ingresar en prisión por las condenas estipuladas superiores a 2 años si antes el juez no acuerda su suspensión. Al final de un proceso que ha durado siete años, la sentencia tiene demasiados matices y se presta a distintas interpretaciones. Aún así, no cabe duda de que sienta un precedente importante, por supuesto en Cáceres pero también en resto de España, de que la dejación de la administración y el no cumplimiento de las leyes por parte de los empresarios de hostelería puede costar demasiado caro.