El Consejo de Administración de la Caja de Extremadura aprobó el martes el primer movimiento en la que se presupone larga partida hasta lograr situarse en el nuevo escenario financiero surgido de la crisis: aprobó iniciar los contactos con Cajastur y Caja Murcia para constituir, junto con otras, un Sistema Institucional de Protección (SIP), la fórmula que están estudiando muchas de las Cajas de ahorro de nuestro país --también la Caja de Badajoz-- que les permita ganar en tamaño y, al mismo tiempo, mantener su personalidad y su capacidad para decidir la distribución de fondos con destino a la Obra Social.
El SIP es una alternativa a la fusión en sentido estricto. Fue la salida recomendada por los especialistas para las dos cajas extremeñas porque evita indeseables consecuencias financieras y sociales (el gasto de cierre de oficinas y prejubilaciones). Y también consecuencias políticas: basta contemplar el espectáculo que están dando los alcaldes --ambos socialistas-- de Vigo y La Coruña sobre dónde deberá estar la sede de la caja resultante de la fusión entre Caixanova y Caixa Galicia para reparar con alivio que la SIP también soslaya ese problema. Con todo, los sindicatos tienen razón al reclamar una regulación clara, y urgente, sobre esta fórmula de cooperación porque es indeseable adentrarse en un camino tan complicado sin saber qué hay en él.
