Estamos ante una situación excepcional, algo que nunca hemos vivido, que ni siquiera habíamos pensado que fuera posible, y que solo parecía formar parte de la imaginación de algún guionista de cine. Pero no, no es un mal sueño; la realidad es que, proporcionalmente, Extremadura es la Comunidad Autónoma con más contagiados por COVID-19 después de Madrid, y que la provincia de Cáceres tiene el mayor índice de letalidad de toda España. Estas afirmaciones se basan en datos del Ministerio de Sanidad, pero como no se hacen suficientes test los datos no son reales, ni siquiera los de mortalidad; están infravalorados, tal y como avisó José Antonio Monago y ha puesto de manifiesto esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
En esta situación excepcionalse cierra a cal y canto la Asamblea de Extremadura y se amordaza el control a la acción de la Junta; ni más ni menos. Vara pretende eludir el control de la oposición y pasar esta grave crisis sin rendir cuentas a los extremeños, haciendo un uso dictatorial de la mayoría absoluta y anulando los derechos del poder legislativo, donde reside la representación del pueblo.
Por mucho que desde la oposición se haya pedido información y explicaciones por todos los medios posibles, incluido el burofax, hacen oídos sordos, pregonando un diálogo que es inexistente. Por eso, la actividad parlamentaria es más necesaria que nunca ante esta situación; necesaria y posible, guardando las medidas de precaución impuestas y/o haciendo uso de los medios telemáticos que posee la cámara. Si con nuestro móvil conectamos con nuestros familiares por videollamada ¿cómo no puede establecerse una actividad parlamentaria telemática en la Asamblea, que cuenta con más y mejores medios y un excelente departamento de servicios telemáticos?
La realidad es que no quieren hablar de la situación del COVID-19 en Extremadura. No quieren dar explicaciones de por qué no se hacen test suficientes; ni de por qué en la provincia de Cáceres han muerto más personas que en toda Galicia; no quieren hablar de la grave situación de los autónomos y las pymes; ni de los problemas que está padeciendo nuestra ganadería; ni de la ruina de sectores claves de nuestra economía. No quieren, en definitiva, rendir cuentas a los extremeños.
Y como es habitual, la «solución» para eso es crear una Comisión a la que invitan a todos, pero como convidados de piedra, claro está; porque una comisión nunca puede, ni debe, sustituir al cauce legal que está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía y en la Constitución.
*Ingeniera agrónoma y diputada del PP.
