El Gobierno del Partido Popular pretende utilizar los presupuestos del Estado para introducir una enmienda que abre otro frente de acoso a la autonomía de gestión de las cajas de ahorro. Ahora se propone que en la representación en los órganos de gobierno de las cajas tenga un peso especial la distribución territorial de las oficinas de cada entidad. Por más que se mire a cuántas entidades puede afectar, la más directamente implicada es La Caixa, que tiene más de la mitad de oficinas fuera de Cataluña. El PP dice que así contrarresta la ley vasca que impide la presencia de consejeros extraterritoriales en sus cajas. Es una excusa endeble: la kutxa vasca tiene sólo un 20% de oficinas fuera de Euskadi.
Los pasos que da el Gobierno en este terreno, es decir, los hechos, son contradictorios con sus proclamas. Por una parte, anuncia la voluntad de despolitizar las cajas limitando la presencia de instituciones políticas en su asamblea a través de la ley financiera. Y, por otra, abre la puerta de la asamblea y del consejo de administración a los ayuntamientos de las comunidades donde tienen oficinas a través de la ley de acompañamiento. Una decisión así no puede pasar inadvertida como si fuera un mero trámite.
