TAt partir de los 15 años (14 si cumples 15 en el año) y sin haber completado la ESO, la Ley de Economía Sostenible permite al alumno acceder a un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), superado éste a un Ciclo de Grado Medio de FP y, más tarde y sin haber cursado el Barchillerato a un Ciclo de Grado Superior. La medida no es mala, siempre y cuando se garantice la calidad, pues posibilitará la recuperación para el sistema educativo de numerosos jóvenes y adultos que, de otra manera, quedarían segregados del mismo.

Nadie duda del carácter de recuperación del alumno en riesgo de exclusión del sistema que supone adelantar a los 15 años (o 14), los programas de cualificación inicial, pues muchos de los alumnos que actualmente se encuentran desligados y/o desmotivados de la actual ESO (que no debemos olvidar es obligatoria hasta los 16) pueden encontrar un centro de interés más cercano que le inicie a alcanzar la titulación correspondiente para la inserción en el mundo laboral, cuando de otro modo estarían condenados a salir del sistema y por tanto carecer de un título que les faculte para trabajar. Sin embargo, sin una adecuada reestructuración del sistema actual, organizativo y económico, la implantación real puede derivar en volver a implantar la doble vía en la Formación Profesional Reglada, uno desde los PCPI (cuyo fin último no es recoger y facilitar el tránsito al alumnado en riesgo de exclusión a ciclos formativos de grado medio o superior) y que debe sobre todo formar en la iniciación desde esa temprana edad para la ulterior obtención de la titulación de grado medio o superior; y otro desde la ESO y/o Bachillerato.

En Extremadura, con unos índices elevados de fracaso escolar y abandono temprano, esta posibilidad supondrá un coste significativo del presupuesto destinado a Educación, además de la flexibilización de espacios y tiempos, personal cualificado y ampliación de la autonomía pedagógica y de gestión de los centros de titularidad pública.

En referencia a la calidad y cantidad, además de la demanda, hay que contemplar la continuidad de los ciclos, por lo que debe la Administración estar en disposición de impulsar la colaboración entre las enseñanzas de FP superior y la universitaria en el diseño y planificación de las enseñanzas técnico-profesionales, para aprovechar mejor los recursos de infraestructuras y equipamientos compartidos y para la creación de entornos de formación superior vinculados a las necesidades de la economía local, provincial y regional.