Las municipales y autonómicas del 22 de mayo serán las primeras elecciones que se regirán por una reforma aprobada en enero y cuyos efectos, aunque sabidos y previstos, están incomodando a los propios partidos mayoritarios que la impulsaron. Se trata de la limitación a los 15 días estrictos de campaña de la publicidad de los candidatos y de la prohibición --desde la convocatoria formal de las elecciones, el 29 de marzo-- de todo acto de inauguración de obras o similar, tan habituales en los municipios por estas fechas.
La reforma se basa en dos objetivos muy razonables como son que el debate de los programas se imponga a la propaganda y que los partidos reduzcan los gastos de campaña debido a la crisis. Pero los hábitos políticos en España están muy arraigados, y a los equipos de gobierno municipal les resulta muy difícil renunciar a capitalizar las realizaciones del mandato al final del mismo. Por eso estos días, antes de la fecha límite del 29, se acumulan estrenos, y por eso algunos partidos piensan cambiar las inauguraciones por "visitas de obra" para no perder cuota mediática. ¿Hecha la ley, hecha la trampa? Probablemente. ¿Es conveniente una interpretación más permisiva de la ley, tal como han solicitado PSOE y PP a la Junta Electoral Central? Posiblemente, pero sin que eso desvirtúe una norma sensata y cabal. Y sobre todo, sin que la dureza que se aplique ahora a la política municipal sea olvidada dentro de un año en las elecciones generales. Sería un golpe para la credibilidad de los partidos en tiempos en que no andan sobrados de ella.
