La campaña electoral del Cataluña acaba con las espadas en alto, tanto por la importancia de lo que los catalanes se juegan en las urnas como por lo incierto del resultado y, particularmente, por su impacto para la política española en su conjunto. Ha sido esta una campaña fuera de lo normal, con varios candidatos en prisión preventiva por actos sediciosos, y con el independentismo centrado en un único punto: el rechazo al artículo 155 de la Constitución, mezclando la vía política con la vía judicial y sin asumir la realidad: si el Gobierno aplicó este artículo es porque previamente la mayoría independentista en el Parlament violentó el marco estatutario y constitucional al convocar el referéndum del 1-O. Centrando su estrategia electoral en el 155, ERC, PDECat y CUP han apelado a las emociones de su electorado para evitar la imprescindible rendición de cuentas por la vía muerta (y ruinosa) que fue la unilateralidad a espaldas de más de la mitad de los catalanes. El bloque contrario a la secesión ha centrado su campaña en reclamar esta asunción de cuentas. En ocasiones, sus discursos y los de los independentistas parecían hablar de dos lugares distintos. Con diferencias de fondo, Cs, PSC y PP se han erigido en garantes de que una deriva como la de la última legislatura no será posible. Y en medio, Catalunya en Comú, que aspira a la llave de la gobernabilidad tras unos comicios, ahora sí, con urnas de verdad.