El debate sobre la necesidad y la urgencia de la autovía Cáceres-Badajoz ha vuelto a enfrentar a los partidos políticos. Tras contemplarse prioritaria la conversión de esta carretera en vía rápida por parte de los ayuntamientos de ambas capitales, la Asamblea ha dicho, con el voto en contra del PP, que ahora mismo no sólo no es necesaria sino que además el alto coste de ejecución sería insolidario con el resto de la comunidad. Desde la Junta se argumenta también que la intensidad media diaria de vehículos no la hacen imprescindible ahora y que los recursos autonómicos han de volcarse primero en terminar las vías transversales. Los populares, por contra, creen que el debate no debe plantearse en términos de rentabilidad, sino que debe primar la seguridad de los conductores y el desarrollo de las dos capitales de provincia.
Visto que todos tienen parte de razón, la solución pasa por demandar al Gobierno central que sea él quien asuma la millonaria obra. Si el objetivo de Madrid es que todas las capitales de provincia estén unidas por autovía sin peaje, Cáceres y Badajoz tienen derecho a contar con una vía rápida que llevan tiempo reclamando. La solicitud de que se incluya en los planes del Ministerio de Fomento debe hacerse con celeridad. Es de justicia e imprescindible en pleno siglo XXI.
