El Gobierno francés ha declarado la guerra a los culpables de las muertes en accidentes de tráfico. El ministro del Interior, el implacable Nicolas Sarkozy, ya no habla de conductores temerarios o negligentes, sino de "delincuencia en la carretera". Es un cambio de mentalidad chocante, pero que quizá sea necesario ante la irresponsabilidad con la que tantos siguen poniendo en peligro la vida de los demás. En Francia y aquí.
El Gobierno de Jean-Pierre Raffarin se ha comprometido a endurecer en los próximos meses la legislación, agravando, por ejemplo, las penas de cárcel (serán de entre 5 y 10 años) a quienes provoquen una muerte a causa de su imprudencia. Penas no muy alejadas de las que existen en España. Pero que para servir de algo no deberían poder burlarse sistemáticamente, como en nuestro país, a cambio de indemnizar a los familiares de la víctima. Mientras, las autonomías avanzan en algunas líneas apuntadas por nuestros vecinos (la multiplicación de los radares automáticos), pero, además, reconocen que la culpa también recae en una señalización que no admite comparación con la de las carreteras francesas y que constituye un elemento de riesgo de primera magnitud.
