TRteconozco que desde hace mucho tiempo soy un defensor del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido . Tiene que faenar con los dislates del Tribunal Constitucional, con las demasías de algún juez de la Audiencia Nacional, con los equívocos de ministros contra ministros, porque el de Justicia no parece estar muy de acuerdo con algunos pasos del de Interior, por ejemplo, y para colmo, con los dardos que le lanzan desde una oposición que no parece acabar de entender que la lucha contra los restos de ETA requiere de un consenso férreo.
Y es este fiscal general el que, con estos mimbres, tiene que procurar la ilegalización de la coalición Bildu, ante un Tribunal Supremo que probablemente no acabará de entender las razones --no demasiado sólidas, desgraciadamente que se le presentan para ilegalizar las casi trescientas candidaturas abertzales . Y, suponiendo que la ilegalización sortee el formidable valladar jurídico del TS, la cosa acabará, la semana próxima, ante el Tribunal Constitucional, donde cualquier cosa puede pasar, una vez más.
Y, así, Conde-Pumpido, un hombre de buena voluntad, que no siempre acierta quizá porque vive sometido a mil huracanes, tendrá que intentar sortear una legislación llena de agujeros por los que los defraudadores de la ley escapan con cierta facilidad. Las próximas horas serán decisivas para saber si Bildu, que es en sí misma un bien armado fraude de ley, se puede o no presentar a las elecciones de dentro de tres semanas. ¿Dirá el TS que sí, dirá que no? Y, si la ilegalización sigue adelante en todo o en parte, ¿dirá el TC que sí o volverá a enfrentarse al Supremo y dirá que no? Y, en ese caso, ¿seguirán algunos miembros de la oposición acusando --no demasiado verazmente-- al Gobierno de haber facilitado a los herederos de Batasuna el haber concurrido a las elecciones? Y, si concurren, ¿obtendrán los buenos resultados que, lo digo con pesar, les otorgan algunas encuestas, al menos en zonas de Guipúzcoa?
Y, por fin, lo peor de todo: si consiguen estos buenos resultados ¿olvidaremos alguna vez el eco de las risas de quienes pretenden haber logrado burlar al Estado de derecho? Dios, qué mal lo estamos haciendo.
Total, con culpar al Gobierno, al fiscal general, a la Audiencia Nacional o a la oposición, o vaya usted a saber a quién, ya pretendemos tenerlo todo arreglado... Y la verdad es que culpables, en este gran disparate que incluye desde la fuga de Troitiño hasta el plus de publicidad a una coalición antisistema, somos todos, desde la Audiencia Nacional y demás tribunales hasta los partidos, pasando por algunos comentaristas y tertulianos, que pintan --pintamos-- con trazos demasiado gruesos la realidad jurídica, o la retorcemos para que coincida con algunos intereses. País...
