La muerte de 1.876 personas en las carreteras españolas --67 en Extremadura-- durante el 2009 es una cifra escalofriante, pero si se añade a este dato el hecho de que desde 1964 el número de fallecidos no era inferior a 2.000, entonces cabe albergar toda clase de esperanzas. Si se añade el hecho de que el parque de automóviles en 1964 era de 1,9 millones de unidades y hoy supera los 31 millones, aún ha de ser mayor la confianza en que, a medio plazo, podrá atajarse de forma aún más significativa la plaga de las muertes en la carretera. Algo que, por cierto, no aparece en el horizonte de la mayoría de países europeos, que están lejos de haber alcanzado, como España, el objetivo fijado por la Unión Europea de reducir a la mitad los fallecidos en el periodo 2001-2010.

Ni los conductores ni la Administración deben darse por satisfechos con lo logrado hasta ahora. A quienes van al volante y a quienes regulan el tráfico y ordenan las campañas de prevención debe hacerse responsables del éxito logrado, pero relajar los controles sería jugar con fuego. Como acertadamente ha señalado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sería contraproducente refugiarse en el optimismo y dar por supuesto que a partir de ahora las cosas mejoraran por sí solas, por la simple inercia de conductores y gobernantes.

La lógica más elemental lleva a suponer que cuanto mayores son los logros, más difícil es mejorarlos. Lograr que disminuyan los muertos en carretera durante seis años seguidos o que el descenso en Extremadura haya superado el 21% --lo que sitúa a nuestra comunidad entre las de mejor comportamiento en este aspecto, puesto que el descenso es ocho puntos mayor que la media nacional--, son registros que obligan a redoblar los esfuerzos, a dar con nuevas fórmulas para que se extreme la prudencia, se respete el código de circulación y desaparezcan de la vía pública los desaprensivos que arriesgan su vida y la de sus conciudadanos. Es decir que no solo debe mantenerse el rigor en la aplicación de las medidas adoptadas hasta la fecha, cuyo efecto es indiscutible --controles de alcoholemia, límites de velocidad, carnet por puntos--, sino que conviene poner en práctica otras de protección de segmentos especialmente vulnerables: motoristas, peatones, menores con vehículo propio y otros.

Con ello no se logrará nunca que el riesgo desaparezca, pero se consolidarán estadísticas de mortalidad asumibles, como sucede ahora con los medios de transporte colectivos --ferrocarriles, aviones y barcos--, sometidos a normas de seguridad estrictas.