Manuel Balastegui

Lamento que el contenido de mi carta "GMU en Mérida", publicada en EL PERIODICO el pasado día 27, te haya molestado.

Como ya te dije cuando me llamaste por teléfono para mostrarme ese malestar, en mis cartas hago valoraciones políticas, nunca personales, y seguiré haciéndolo mientras los periódicos quieran seguir publicándolas.

Lógicamente tenemos conceptos distintos de la política, tú de derecha y yo de izquierda, respetables las dos, siempre y cuando la defensa de esas filosofías se hagan con educación y honestidad, no usando modos violentos ni empleando anónimos. Yo no me escondo detrás de anónimos para dirigirme a nadie, no soy amigo invisible , mis cartas van perfectamente identificadas a los periódicos.

Y dicho esto, te repito lo que te manifesté por teléfono, que tu labor en el ayuntamiento habrá sido buena o no, pero lo que no se puede negar es que has estado en todos los caldos, dando la cara, fueran o no de tu competencia los temas que tocabas, sustituyendo muchas veces a concejales de tu partido que no la daban. Creo que el PP no ha sido justo contigo. Es mi opinión.

*Antonio M. Olivas (Mérida)

Acabar con el fuego

No es fácil encontrar fórmulas mágicas para acabar con el fuego que asola cada verano nuestros bosques. Máxime, cuando la concienciación ciudadana no acaba de alcanzar el nivel deseado.

Año tras año, en nuestro país, el gobierno tiene que hacer frente a gastos millonarios por daños causados por el fuego, tanto en concepto de ayudas e indemnizaciones como en repoblación. Gastos que deberían hacerse en prevención para no tener que indemnizar desgracias, y además quedarnos sin bosques. Ya no basta con destinar cada verano abundantes equipos mecánicos y humanos para sofocar incendios, sino que la prevención debe ser una labor ininterrumpida durante todo el año.

Asimismo, es necesario recordar que vivimos en un mundo globalizado donde los problemas medioambientales van en aumento, y poco importa dónde se produzca el fuego o el problema que sea, pues al final a todos nos termina perjudicando. Y es por ello que los problemas deberían ser abordados de forma global. La UE, al igual que fue necesario que se implicara en el tema de la inmigración hacia España, también debería tomar como propio el problema de los incendios en los países miembros, creando normativas de estricto cumplimiento y ayudando económicamente en el cuidado y prevención de la escasa masa forestal que aun nos queda.

Es mucho lo que nos jugamos. Tal vez el futuro.

*Pedro Serrano Martínez (correo electrónico)

A pesar de lasamenazas del Gobierno

La cifra de objetores, para la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ya ha rebasado el número de 15.000 a pesar de las amenazas del Ministerio de Educación. Los padres no vamos a permitir una intromisión inadmisible en los derechos a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones, además de una falta de respeto y de falta de confianza grave hacia el profesorado que ha venido educando a nuestros hijos en valores de libertad y que ahora también van a ser obligados a educar según los criterios partidistas de un Gobierno, que no respeta la Constitución, ni a los padres.

Ante una asignatura inaceptable tanto en la forma como en el fondo, hay que recordar que la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias. Los padres tenemos el derecho de recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza. Ninguno de tales medios legítimos puede ser excluido justamente en ninguno de los centros en los que se plantea este nuevo desafío: ni en los centros estatales ni en los de iniciativa social. Cuando está en cuestión un derecho tan fundamental como el de la libertad de conciencia y de enseñanza.

La función del Estado no es de "imponer concepciones éticas sino la propia conciencia" ha dicho el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Angelo Amato.

La Iglesia y los que formamos parte de ella, nunca estaremos contra leyes justas, pero sí contra las que ataquen los derechos fundamentales de las familias, la conciencia y la fe de los ciudadanos. Porque el Estado no puede obligar a una persona a actuar en contra de su conciencia, ni impedirle actuar conforme a ella.

*Elena Baza (correo electrónico)