¿Dónde está

Floriano?

Parece que Carlos Floriano, además de desaparecer de la mayoría de las vallas publicitarias después de las elecciones, también ha desaparecido del mapa geográfico, dado que ha sido su compañero Monago el que ha tenido que hacer las declaraciones que le hubiesen correspondido a él después del revolcón sufrido en las elecciones autonómicas. De nada le han servido el ocupar páginas y páginas de periódicos con su fotografía, ni hartón de vallas que han tenido que padecer nuestros ojos mientras esperábamos en un semáforo, y si esos resultados no han sido peores, ha sido debido al trato de favor que han dado algunos medios de comunicación en todos sus actos, como no podía ser de otra manera, debido a los beneficios que esos medios han obtenido con su campaña.

ANTONIA MARQUEZ ANGUITA. Badajoz

Declaración de José Ramón Esteruelas

En la edición del 14 de junio de 2003 (página 3 y página web: www.elperiodicoextremadura.com) aparecía una información en la que, supuestamente, yo fui "acusado" de un presunto caso de corrupción en 1999, siendo director general de Correos. Este dato es manifiestamente falso.

En ningún momento he sido acusado de corrupción. Ciertamente, ante la búsqueda de pretendidos escándalos políticos vergonzosos por parte de algunos sectores, en su día comparecí, a petición propia y con carácter urgente, en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, se utiliza por este diario de forma torticera y confusa, el concepto de "acusación de un presunto caso de corrupción" y el de "acusado de un presunto caso de corrupción" que, en nuestro derecho, se vinculan al ámbito penal. Pues bien, ni ha habido acusación alguna frente a mí ni se ha iniciado, respecto de los hechos que se indican en la publicación, procedimiento penal de ningún tipo.

En particular, la falta de rigor que muestra la información que se recoge en la publicación del sábado 14 de junio es evidente, por los siguientes motivos:

1.º No es cierto que, como expresa la publicación, el arrendamiento de la actual sede de Correos se formalizara en un procedimiento anormal. En la fecha en que el consejo de administración de la entidad pública empresarial adoptó el acuerdo de arrendar el inmueble, no había ninguna norma que sujetase la selección del arrendador a un procedimiento de concurso. Simplemente, se pedía un cierto grado de concurrencia que, curiosamente, en el artículo citado como fuente (mundo tabaquero) se pone de manifiesto y en su publicación se omite. Por ende, no hubo incumplimiento de norma procedimental alguna.

2.º Efectivamente, comparecí al Congreso de los Diputados, pero no a "tratar" de explicar cuestión alguna sino a explicarla. De hecho, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el presidente del Tribunal de Cuentas dijo (página 1.815 del diario de sesiones de las Cortes Generales. Congreso. 11 de abril de 2002. Número 78. Página 1.815) que "la renta inicial pactada (para arrendamiento) se situó por debajo de los valores de mercado. El contrato preveía una actualización de la renta conforme al IPC y un procedimiento de adaptación del alquiler al valor del mercado cada tres años". La operación que llevó a cabo la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos fue una buena operación, realizada por debajo de los precios del mercado. En concreto, la operación supuso que se pagase una renta anual por el arrendamiento de la sede inferior en un 47% a la que hasta entonces se pagaba por el arrendamiento de la sede central de Correos y Telégrafos, según consta en la contestación realizada por mí mismo a la pregunta parlamentaria CPE/31464, formulada por don Gerardo Torres Sahuquillo, con fecha 4 de mayo de 2001.

3.º En la propia comparecencia, el presidente del Tribunal de Cuentas (página 1.119 del diario indicado) expresó que, "para terminar, respecto de la pregunta relativa al contrato del año 1998, sobre el análisis de legalidad y la posible incompatibilidad de sociedades el informe no ha detectado estas incompatibilidades". Es más, a preguntas del diputado señor Perea Cortijo, respecto de si "no se había entrado a abordar la existencia de incompatibilidades o de que el análisis, sencillamente, no se habían detectado", el propio presidente del Tribunal de Cuentas contestó "que no se han detectado". El Tribunal de Cuentas tiene capacidad para exigir responsabilidad a cualquier administrador público o funcionario e, incluso, para iniciar un procedimiento de "alcance" y ni una cosa ni otra se hizo. En todo caso, se está empleando, de manera desviada y confusa, por esa publicación, un puro análisis llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas respecto de cuestiones formales que no representan ninguna contravención normativa y que, mucho menos, significan incumplimiento de legalidad alguna.

Por otra parte, el hecho de que yo, en su día, haya sido accionista de empresas no significa, necesariamente, que éstas estén impedidas, por siempre, de contratar con entidades públicas y privadas. Desde luego, la ley no impide que las referidas empresas puedan llevar a cabo dicha contratación. Hacer derivar de lo expresado que he actuado de forma poco ética o en perjuicio económico de la institución que dirigía, que he sido "acusado de un presunto caso de corrupción" (página 3 del periódico) que "arrastro en mi currículum un presunto caso de corrupción cuando dirigía Correos" (página 3 del periódico) y que "dentro de mi amplio currículum profesional destaca un presunto episodio de corrupción" (www.elperiodicoextremadura.com) son infundios carentes de toda justificación y calumniosos.

JOSE RAMON ESTERUELAS. Madrid

Las ventolerasdel presidente

Pasadas las elecciones autonómicas vuelve Rodríguez Ibarra a hacer de su capa un sayo con comentarios poco afortunados. Ya da igual polemizar y enfrentarse a colectivos sociales, total, con el poder de nuevo en sus manos y cuatro años por delante para lanzar sus diatribas, a nuestro insigne presidente, socialista, progresista --se suponía que así era-- no hay quien lo calle. No debe tener asesores de opinión en su gabinete, más bien me inclino a pensar que su opinión personal está por encima de la ideológica y programática. Se está haciendo conservador Ibarra. Antes de la consulta popular se dio prisa por aprobar la Ley de Parejas, de defender a capa y espada igualdades y derechos para uniones de hecho, independientemente de su orientación afectiva. Ahora, con mayoría absoluta y el sillón asegurado por cuatro años más, le da la ventolera y proclama no estar a favor de la adopción para gays y lesbianas porque duda de su conveniencia. Me gustaría decir que tenemos en Extremadura un buen presidente, pero con torpezas como la mencionada, lo único que podemos expresar es desencanto y reafirmarme en la intención panfletaria de un político buscavotos.

ALFONSO CORTES. Badajoz