LA CASA GRANDE

La economía de la Uex se ha situado, en apenas tres años, en unos niveles de necesidad muy evidentes. Las continuas declaraciones del rectorado, unas veces en un sentido y otras en el contrario, han contribuido a generar una opinión bastante desconfiada. Baste recordar las insistentes peticiones de distintas cantidades (de 1.000 millones de pesetas para arriba) como previa condición para presentar los presupuestos del 2002. De pronto, con casi doce meses de retraso, con 72 millones de pesetas de cuotas de la Seguridad Social, más unos 400 millones de pesetas de remanentes, la Uex aprueba sus presupuestos. Dos comentarios: primero, los remanentes son recursos distintos al resto de los ingresos presupuestarios, pues son recursos ya generados, por lo que no procede ni el reconocimiento de derechos ni por supuesto, su recaudación; son recursos de ejercicios anteriores que dicen mucho (o poco) de cómo funciona la Uex. Y segundo, en un alarde más, se nos comunica que "en contra de lo que se dijo desde algunos sectores, no hemos tenido déficit, sino que ha sobrado tesorería".

Lo anterior no merecería más comentarios si no fuera porque al mismo tiempo se encuentran muy avanzadas las gestiones para intentar enajenar (vender) el importante edificio cacereño conocido como la Casa Grande. No tengo nada en contra de la gran inversión privada en una ciudad turística como Cáceres, pero tengo mucho más a favor de unos bienes patrimoniales situados en manos de la gestión público-institucional. Máxime cuando las razones de la venta apuntan, directamente, a una mala gestión de los recursos públicos que, quienes la han hecho, el equipo rectoral, intentan suavizar vendiendo el patrimonio de todos.

Hoteles de 5 estrellas, con piscina y locales comerciales, pueden construirse en otros sitios que además dispongan de fácil acceso y mejores aparcamientos. Pero el artículo 80 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) alude a la administración y disposiciones de los bienes de dominio público, así como de los patrimoniales de las universidades, determinando su ajuste a las normas que rijan en esta materia. Para los actos de disposición de los bienes inmuebles, se precisa acuerdo de la universidad y de su Consejo Social, de conformidad con las normas de la comunidad autónoma. Es claro, pues, que la disposición de aquéllos no sólo se limita a la decisión de la universidad, sino que ésta debe seguir los cauces establecidos por la legislación extremeña (Ley 2/1992 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, LPCAE).

Es atropello jurídico un anuncio en los medios de comunicación señalando que "se está negociando" y cercana a culminarse la compraventa, cuando ni tan siquiera se ha iniciado trámite alguno tendente a la desafectación. Pero la irresponsabilidad aparece más patente desde el preciso instante en el que, incluso llegándose a la desafectación y, por tanto, a la autorización para su consideración como bienes patrimoniales posibilitados de enajenación, se está haciendo una publicidad de un cauce que no es el legalmente establecido. El artículo 41 de la LPCAE precisa que "la enajenación de bienes inmuebles se efectuará por subasta pública, salvo cuando el órgano competente para ello acuerde su enajenación directa", por lo que habría incluso que determinar si la aprobación del Consejo Social es suficiente o, siguiendo las prescripciones conjuntas de LOU y LPCAE obligaría a una nueva intervención habilitante de la comunidad con información a la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura.

Además de lo anterior, ¿es asumible tal privación del patrimonio público cuando la ciudad puede dedicar esta edificación para sede de servicios públicos, ahora desperdigados y en precario? Y una última reflexión, en pocos años se han invertido en la Uex más de 15.000 millones de todos: ¿Se puede aceptar que el equipo rectoral quiera vender parte de su patrimonio?