Los 60.000 clientes de Eurobank que desde principios de agosto intentan recuperar sus ahorros tienen todo el derecho a reclamar ante las administraciones que tutelan, con amplio poder de inspección, las pequeñas entidades de gestión de ahorros que se amparan en marcas muy aparentes. El Banco de España, por encima de otras administraciones públicas, sabía que esa crisis de solvencia iba a estallar. La suspensión de pagos de Eurobank lo ha aclarado: los gestores de las mutualidades, con un personaje con antecedentes de mal administrador como Eduardo Pascual, han vendido a sus clientes productos financieros de rentabilidad practicamente inalcanzable.

Con la experiencia que ya hay en España sobre las malas prácticas de los chiringuitos financieros, el escándalo de Eurobank --cifrado en 93 millones de euros (15.500 millones de pesetas)-- podía y debía evitarse. Los perjudicados tienen que actuar, sobre todo, contra los gestores de la entidad. Si además optan por exigir que las administraciones públicas asuman su responsabilidad por dejación de vigilancia sobre entidades financieras y de previsión social, abren la posibilidad de revisar a fondo esos mecanismos de estafa a mutualistas.