El caso de Daniel Galván Viña , el español indultado indebida e irregularmente por Marruecos, sería solo esperpéntico si no fuera porque el delito cometido de forma reiterada por el protagonista central de esta historia, la pederastia, convierte en horrible la anomalía de su liberación. Las difusas razones de Estado que probablemente esgrimió España para interceder ante Rabat por Galván --su presunta condición de exespía del CNI-- son tan inadmisibles como el ínfimo rigor demostrado por la Administración marroquí al indultar a un delincuente confeso cuando lo que se pedía era su traslado a España para que cumpliera el resto de la condena. Un error monumental en un caso que debía ser ejemplar para la protección de la infancia; y una frivolidad que contrasta con la severísima actitud de las autoridades marroquís hacia las parejas españolas que quieren adoptar niños en el país magrebí, a las que se somete a interminables y kafkianos procesos administrativos que no causan más que sufrimientos a esos menores y a quienes sin duda les procurarían una vida mejor a este lado del Estrecho.
Anulado el indulto por el propio monarca Mohamed VI tras conocer el disparate, y detenido ya Galván una vez en España, el interés del caso reside ahora en la salida jurídica que se da a su insólita situación. No parece probable que sea entregado nuevamente a Marruecos, pero tampoco que vaya a salir en pocos años de una cárcel española. Su delito es de los más abyectos y fue condenado a 30 años de prisión.
