WLw a escandalosa intromisión de la política en la labor de los jueces y la organización del Poder Judicial ha culminado con las maniobras encaminadas a suspender de sus funciones al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, contra el cual la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite tres querellas.

Ni el magistrado sometido a asedio se ha atenido siempre a la prudencia que debe inspirar su cometido, ni la techumbre del Supremo acoge la serena imparcialidad que se le supone, ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede presumir de equidistancia.

Pero todos estos datos no serían suficientes para temer lo peor --la manipulación partidista de los tribunales--, si el comportamiento del Partido Popular, del conglomerado de medios que le es afín y de la extrema derecha no hubiesen alimentado la impresión de que, sin el caso Gürtel , nada de lo que sucede habría visto la luz.

Los redactores del manifiesto que ayer se presentó en Jaén en apoyo del magistrado y las alegaciones presentadas por este ante el Consejo General del Poder Judicial apuntan en esta dirección; el sentido común y la cadena de acontecimientos posterior a la apertura del caso Gürtel , también.

Por si quedaba alguna duda, el Supremo aportó un nuevo elemento de juicio: la autorización para que Francisco Correa, principal procesado de la trama Gürtel, se persone como acusación particular en la causa contra Garzón por haber autorizado la intervención de las comunicaciones en la cárcel entre varios implicados y sus abogados. Se trata de una decisión sorprendente, que alarma a muchos juristas eminentes y a cuantos esperan de los tribunales el esclarecimiento imparcial de escándalos como el que alcanza a una parte importante de la dirección del PP valenciano.

Claro que, por desgracia, los precedentes no invitan al optimismo. El Partido Popular salió básicamente indemne del caso Naseiro a comienzos de los años 90 y entonces, como ahora se quiere hacer, las grabaciones telefónicas utilizadas para inculpar a dirigentes valencianos del partido fueron rechazadas por el Supremo, y la causa fue archivada.

Si en aquella ocasión resultó extremadamente difícil aceptar que la decisión de los jueces dejó a salvo el interés general, las maniobras del presente lo hacen francamente imposible.

Lo cual no daña solo la confianza en los tribunales, sino el entero sistema de garantías sobre el que descansa la democracia.