El caso Mari Luz está haciendo aflorar reacciones viscerales que conviene templar con medidas fundamentadas en el Estado de Derecho. Algunas de ellas son las contenidas en un informe que presentó el exfiscal José María Mena (en la foto) cuando, meses atrás, se produjo gran alarma social por la excarcelación de reclusos culpables de violación, con alto riesgo de reincidencia. Ante el fantasma de la cadena perpetua, agitado por algunos incluso del Consejo del Poder Judicial, Mena no habla de aumentar penas ni de un linchamiento público. Ante la posibilidad de una castración química, opta por un tratamiento voluntariamente aceptado por el convicto, sabiendo que la inhibición de la líbido no evita, por sí misma, determinadas conductas violentas. Ante el control de los violadores, una vez cumplida su condena, el informe aboga por una vigilancia efectiva, pero prevista en el marco legal, con la consiguiente reforma del Código Penal.
También se sugiere la creación de un banco de datos de ADN y la necesaria, imprescindible colaboración entre instituciones y cuerpos y fuerzas de seguridad. Iniciativas nacidas de la cabeza antes que de los sentimientos para que los ciudadanos vivan tranquilos en un entorno de protección jurídica, respetando el imperio de la ley.
