XHxace unos días leí unas declaraciones de Arzallus sobre este caso que me causaron una profunda conmoción. Decía el político vasco que le costaba admitir la sentencia, y por lo tanto que Vera se hubiera apropiado de dineros públicos, en virtud de la opinión que tiene del personaje. Primero porque el reo continúa asegurando que no es cierto y para Arzallus se trata de una persona que siempre ha sido fiel a la palabra dada. Y en segundo lugar porque en sus relaciones siempre había hecho gala de una honorabilidad digna de elogio amén de la honradez con la que desarrolló su trabajo.
Si esta era la opinión de alguien que en algunos momentos difíciles ha tenido notorios enfrentamientos con la política desarrollada por Vera, cuyos desacuerdos con el partido socialista han sido públicos y que ha procurado sacar beneficios políticos de las actuaciones de todos los gobiernos, no puede extrañar que otras personas con mayor afinidad política, más comprometidas con su tarea, con más lazos de amistad y mayor conocimiento de sus virtudes y defectos se sientan inclinadas a pensar que la sentencia es injusta y a pedir el indulto como mínimo.
Muy fuertes han de ser sus convicciones cuando hacen una propuesta que supone un grave problema para el presidente del Gobierno y de su partido. Muy fundados deben ser sus razonamientos para colocarnos a todos en la duda sobre algunas instituciones fundamentales del Estado. La realidad es que Vera ha sido condenado por dos altos tribunales de un delito que los ciudadanos no perdonan a los políticos. Y eso no pasa a ser verdad absoluta, pero sí se convierte en una verdad jurídica.
Si los jueces no fueron recusados se les debe conceder que actuaron con imparcialidad. Y resultaría esperpéntico dudar de la competencia del Tribunal Supremo. Podemos admitir que un juez dicte una sentencia injusta por ignorancia o incluso por prevaricación, como muestra la experiencia. Que lo hagan varios jueces es más difícil de admitir. Pero que lo hagan dos altos tribunales de España es imprescindible que sea imposible de admitir. No vamos a dudar de la sabiduría jurídica de Barrionuevo pero lo mejor que puede pasar es que su interpretación de la sentencia sea errónea y se vea influida por su amistad con el reo. Porque si es cierto lo que dice el exministro, que los dos tribunales le han sentenciado a penas tan graves sin pruebas, debemos concluir que no estamos en un Estado de derecho.
Nos alegra constatar que hay quienes no abandonan a los amigos nunca y menos en la adversidad. Nos satisface comprobar que la fidelidad continúa siendo una virtud, al menos en algunos políticos. Estamos dispuestos a comprender las idas y venidas para salvar al amigo, al compañero, a quien se le concede una actuación decisiva en graves trances en defensa del Estado. Podemos cerrar los oídos ante excesos verbales y exabruptos impropios de tales personas originados por el peso de la acusación que se cree injusta. Pero necesitamos que nadie tenga una sola razón para poner en duda el correcto funcionamiento de nuestros tribunales y es preciso que nuestros políticos nos digan que los tribunales funcionan bien y más en las últimas instancias. Pues si nos insinúan lo contrario, apaga y vámonos.
*Profesor
