Catedrática de

Derecho Penal

El Gobierno quiere agravar la prisión para el terrorismo y, de paso, que otros muchos delincuentes cumplan su pena con mayor dureza.

Así renuncia al difícil equilibrio entre dos principios necesarios: imponer una pena que satisfaga el delito cometido y que, a la vez, sea eficaz para evitar nuevos delitos. El pasado y el futuro, satisfacción y eficacia, en dos momentos del castigo: primero, la condena que fija la pena proporcionada al delito, y después, la ejecución penitenciaria, donde el juez de vigilancia individualiza el cumplimiento según la evolución del recluso, con su progresiva reincorporación a la libertad. Al inicio, con permisos de salida; luego, con el régimen abierto, y finalmente con la libertad condicional, si ha cumplido tres cuartas partes de la pena y tiene buen pronóstico de reinserción.

Una difícil valoración que sólo puede efectuar el juez caso por caso y que es eficaz porque quienes siguen este proceso reinciden la mitad que aquellos que recuperan bruscamente la libertad. Pero en algunos casos, eso sí, muy conocidos, es un sistema poco satisfactorio para el sentimiento de venganza y el Gobierno --que no asume la capacidad de los jueces para aplicar la ley-- cambia la norma general anulando un instrumento eficaz en muchos otros casos.

En penas de cinco años, el régimen abierto sólo se obtendrá si se ha cumplido la mitad en prisión. Ya no se podrá aplicar en casos como el de la mujer maltratada condenada por el homicidio de su marido (donde se reclamaba el indulto), ni en los frecuentes casos de extoxicómanos ya rehabilitados que son condenados muchos años después de su delito: ahora deberán cumplir años de cárcel y quizá entren de nuevo en la droga. También se vetan los beneficios a quien no devuelve fondos públicos sustraídos, impidiendo la valoración de cada caso concreto y olvidando que, aun sin esta reforma, los jueces deniegan beneficios a quienes (como Mario Conde) mantienen intactas sus ganancias ilícitas.

En el caso del terrorismo, la tensión entre satisfacción social y eficacia aparece crudamente. Se aumenta de 30 a 40 años la pena máxima, cuando nadie cree que eso disuada más a potenciales terroristas, porque tampoco lo hace la pena de muerte. Pero el Gobierno pretende también que los 40 años se cumplan sin posibilidades de salida; sin posibilidad de que se fomente la reincorporación del condenado a la sociedad, en contra de la orientación constitucional de las penas a la reinserción.

Satisfactorio socialmente, lo es. Pero ¿es eficaz? Alguna eficacia debe tener la reinserción cuando ETA se ha mostrado tan contraria a esa política que a alguno de sus miembros le ha costado la vida el reinsertarse. Las familias de los presos son uno de los elementos que explican la grave fractura social de Euskadi y esta fractura es, a su vez, uno de los factores que dificultan la solución del problema del terrorismo.

La pregunta que debería hacerse el Gobierno es si endurecer las penas contribuye a sacar personas de ese mundo o a mantenerlas en él. Pero, en todo caso, ya ahora podía imponerse el cumplimiento efectivo de 30 años en la sentencia, dejando que el juez de vigilancia valorara la libertad condicional pasados más de 20 años. El Gobierno quiere que el cumplimiento efectivo de 40 años se imponga obligatoriamente en la sentencia y que la libertad condicional se conceda excepcionalmente tras 26 años, si se delata a otros terroristas. Es decir, pidiendo algo imposible, porque después de 26 años en prisión, poca información se podrá ofrecer para conseguir la libertad condicional, suponiendo, como parece admitir el Gobierno, que todavía padezcamos el terrorismo.

En suma, satisface a una opinión pública alimentada por informaciones sesgadas, como la que hace unos días denunciaba que un condenado a 200 años, liberado tras 20 de prisión, sólo había cumplido el 10% de la pena impuesta. Seriamente, ¿debe calcularse el porcentaje de pena cumplida sobre un total imposible de cumplir?

Esta reforma, quizá dé satisfacción, pero será momentánea, porque lo que ocurra dentro de 40 años no lo verá la mayoría de nosotros, incluido el Gobierno.