El sobresalto producido la mañana del martes por la detención en Barcelona de ocho personas de relevancia pública relacionadas con un caso de corrupción ha desatado dentro de Cataluña una reacción perniciosa, que se sustancia en la crítica, en algunos casos desaforada, a que sea el juez Baltasar Garzón quien, desde la Audiencia Nacional, instruya un sumario de este tipo. En algunos círculos nacionalistas se ha cuestionado el derecho del juez a intervenir en un asunto puramente catalán. Conviene en este punto aclarar que la Audiencia Nacional tiene, por ley, las competencias para intervenir en casos como este. Otra cosa es que se pueda estar de acuerdo o no con la existencia de la Audiencia Nacional. Pero sorprende que ese tribunal sea cuestionado solo cuando afecta a determinados intereses y personas. Algunos pretenden cambiar las normas del juego cuando ya ha empezado el partido. Y mucho tiene que ver en esa actitud la tradicional tendencia de los sectores recalcitrantes a presentar como ataques anticatalanistas determinadas actuaciones judiciales, como la que afecta al alcalde de Santa Coloma y a dos pesos pesados del pujolismo. ¿No ha causado alarma social la actitud del juez que, en Cataluña, ha dejado en libertad y sin fianza a Fèlix Millet?
