Las 166 consultas sobre la soberanía de Cataluña celebradas el domingo ofrecieron un resultado discreto, por más que sus convocantes presenten como un éxito la participación del 27%. Movilizar a 190.000 de las 700.000 personas que podían participar es un ejercicio no despreciable, pero en ningún caso tiene valor político suficiente como para significar una alteración de las coordenadas políticas en las que se mueve la comunidad. Menos trascendencia aún hay que atribuir al previsible resultado del 95% de síes. Huelga decir que, al tratarse de una consulta privada, quienes no están por la independencia apenas se tomaron la molestia de ir a votar no.

Nadie podrá hablar con propiedad de los legítimos deseos de Cataluña hasta la celebración de las elecciones autonómicas, previstas para noviembre del 2010. Será entonces cuando, mediante el voto a las distintas opciones, se podrá calibrar de verdad si hay o no un mayor porcentaje de soberanistas.

Mientras tanto, los promotores de las consultas van a intentar expandir territorialmente su propuesta, e incluso llevarla al Parlamento como iniciativa legislativa popular. No obstante, el deseo de rentabilizar políticamente los referendos ha originado ya entre sus promotores desavenencias sobre el camino a seguir. Existe la posibilidad de que, como ha sucedido tantas otras veces en el pasado, ese universo independentista se enzarce en acusaciones mutuas.