Como era previsible desde que el mismo Quim Torra admitió ante el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) que había cometido un acto de desobediencia, el Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer la inhabilitación a la que el TSJC condenó al ‘president’ de la Generalitat por haber colgado una pancarta a favor los presos del 1-O en la fachada del Palau de la Generalitat en plena campaña electoral. Torra, pues, no puede desempeñar las funciones de jefe de Gobierno. Más allá de las estériles retórica y gestualidad a las que Torra es tan aficionado, la realidad es que ya no debe ejercer como presidente de Cataluña, y que ahora empieza un proceso legal que tiene que conducir, cuanto antes mejor, a la convocatoria de elecciones autonómicas. En este sentido, el presidente del Parlament, Roger Torrent, debe ser fiel a su postura de escuchar a los servicios jurídicos y cumplir la reglamentación. El Parlament, aunque algunos lo olviden, representa a todos los catalanes, no solo a la mayoría (parlamentaria) independentista. O a una parte de ella.

A principios de año, Torra dio por finiquitada esta legislatura. Ni la emergencia sanitaria a causa del covid ni la consiguiente crisis económica y social desmienten su diagnóstico de la situación de parálisis en la que se encuentra un Govern dividido por las disputas de los partidos que lo conforman. Uno de los dos socios de gobierno, ERC, ha pedido elecciones. La CUP, imprescindible muleta parlamentaria, también.

Solo los intereses electorales de Junts per Catalunya (JxCat) explican las reticencias a certificar el final de una legislatura estéril, sin apenas actividad y que en nada ha contribuido ni a mejorar la vida cotidiana de los catalanes ni a tender puentes con el Gobierno central para encauzar el conflicto y la confrontación que vive. La emergencia generada por el covid, en la que se escuda Torra para no convocar elecciones, si acaso debería ser un acicate: es urgente que Cataluña cuente con un Ejecutivo firme y unido que afronte con el refrendo de las urnas la difícil gestión de la pandemia. La sociedad catalana no puede permitirse el enésimo pulso con el Estado, ni otra demostración de incendiario simbolismo. Ni, por supuesto, una agitación en las calles del estilo de la que aconteció tras la sentencia del ‘procés’. Torra debe acatar la sentencia y Torrent cumplir con los pasos legales que activan el reloj electoral para que los catalanes puedan hablar en las urnas.