Hasta ahora --siendo ‘ahora’ el 1 de octubre--, frente al nacionalismo estaba el Estado. Es decir, se trataba de un problema que la ley resolvería. Ningún cuidado, por tanto, ya que incluso la política lo había resuelto más de una vez sin necesidad de recurrir a la ley, si bien al precio de de(s)preciar a otras regiones. Los ciudadanos vivían la situación confiados al Estado y con la indiferencia del que oye protestar cada día al repelente vecino de enfrente. ¿El nacionalismo? Un tipo molesto.

Desde el 1 de octubre, sin embargo, y ante el fracaso de la ley (no iba a haber urnas y las hubo, no se iba a votar y se votó), los ciudadanos han salido de su confort ciudadano al comprobar que el Estado no era un Deux ex machina que resolvería el problema con un golpe de efecto final. Ni lo era ni lo es, por cierto, ya que el Estado no es el Gobierno más las instituciones, sino que el Estado son los ciudadanos además del Gobierno y las instituciones, de ahí aquella recomendación de Savater: «Cuando se habla del Estado no hay que mirar hacia arriba».

Así, ante la incompetencia del Gobierno para hacer cumplir la ley (incompetencia y bochorno: el ministro Zoido ha perdido perdón por el trabajo de quienes tenían orden de hacer que se cumpliera), los ciudadanos se han echado a la calle, pasando de la indiferencia a la indignación. Porque el nacionalismo podía ser hasta gracioso, sobre todo por sus representantes, tipo Junqueras, pero el incumplimiento de la ley --tanto por quienes la incumplen como por quienes no tiene capacidad para hacer que se cumpla-- no tiene gracia ninguna.

¿Lo han hecho por la unidad de España? Lo de la unidad de España es una beatería de nostálgicos. ¿Acaso para reclamar diálogo? Sería la primera vez que un Estado dialoga con el delito. ¿Por un mediador, quizá? No parece que haya partes en conflicto. Los ciudadanos se han echado a la calle (y volverán a hacerlo si Puigdemont declara hoy la independencia) no contra Cataluña, que es lo que hubieran querido los independentistas, sino porque la Generalitat quiere decidir sobre sus ciudadanos, como si los ciudadanos fueran de su propiedad.., siendo al revés.