A mediados de los años 90, las noticias sobre presunta corrupción nos invadían día tras día. Los casos Filesa (trama de empresas --Filesa, Malesa y Time Export-- cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989) y GAL (agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado contra ETA y su entorno) arruinaron el crédito del PSOE. Y el caso PSV (cooperativa de viviendas promovida por UGT que en 1993 suspendió pagos y dejó en el aire las aportaciones de casi 20.000 personas) minó la credibilidad de dicho sindicato. "Nos queda CCOO", decían veteranos del sindicato ante el marco ético que nos rodeaba por aquellos años.
La semana pasada llovía más presunta corrupción sobre las empapadas tierras de España. Nuevas noticias sobre el caso de las ITV de Cataluña, de los ERE de Andalucía, de la Gürtel de España (incluido el caso de los trajes del expresidente Francisco Camps , y el caso de los papeles de Bárcenas con pruebas de supuesta financiación ilegal del Partido Popular a través de la red Gürtel); y más chirimiri sobre el inagotable caso Urdangarin (incluyendo que el duque dice que consultó con el Rey una oferta laboral de la princesa Corinna ).
Damos por acertada la valoración de que cada uno de dichos casos va minando la democracia, pero nos supera la noticia del pasado viernes en la Cadena Ser: "La jueza Alaya cifra en 4,3 millones la cuantía de las comisiones cobradas por UGT y CCOO. Según consta en datos bancarios y fiscales analizados por la Guardia Civil, CCOO y UGT recibieron a través de sus sociedades 4.300.000 euros de Vitalia en concepto de comisión por los Expedientes de Regulación de Empleo que han negociado entre 2001 y 2011".
Es urgente y necesario, y esperemos que suficiente, que el Isbert sindicalista de turno nos diga "Como secretario general vuestro que soy os debo una explicación, y esa explicación que os debo os la voy a pagar". En caso contrario, será difícil defender, explicar y extender entre la población los valores, principios y directrices que son propios de los sindicatos de clase. El marco ético de las Comisiones Obreras de las tierras de España tiene que ser y estar incólume, caigan los que caigan.
