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Encerado y clarión

‘Ce le á’ olvidado el profesorado

 

Saturnino Acosta Saturnino Acosta
10/01/2019

Incomprensible y contradictoriamente, aquel que se rasgaba las vestiduras exigiendo un pacto educativo y consenso al PP antes y después de la controvertida Lomce, aquel que abandonó la subcomisión creada para alcanzar dicho pacto por no blindar una financiación suficiente y que ahora no blinda, presume de ejercer la memoria selectiva y aprobar en tiempo exprés, sin consenso y con el menor número de diputados de su historia, una nueva reforma educativa, que además sabe que no perdurará, precisamente por la falta de consenso y que posiblemente ni llegue a aplicarse por los plazos, pues una reforma legislativa, a partir de que exista proyecto de ley --todavía estamos en el anteproyecto-- conlleva un trámite mínimo de entre cinco a seis meses y si el Senado, con mayoría absoluta del PP, no lo veta.

La otra opción de que pudiera entrar en vigor para el curso escolar 2019/20, recuerden que en 2020 habría elecciones generales, sería por inminente real decreto ley, aunque esa opción se antoja difícil de explicar a la ciudadanía, gobernar por decreto ley, y máxime en Educación, es poner en riesgo la democracia, pues implicaría imponer una reforma educativa a un país con solo 84 diputados y, siempre y cuando, no contravenga lo estipulado en la Constitución en su artículo 86, y se apele al Tribunal Constitucional si así se entendiera por grupo político o autonomía.

Fuera como fuese, no es ya en sí que se intente en una minilegislatura y sin representación ni apoyos suficientes, modificar una ley educativa por mala que sea, lo peor es que se vuelve a reformar una reforma sin un pacto educativo que dé estabilidad al sistema, que nace de nuevo a espaldas del profesorado y sin el profesorado, y que será modificada, incluso en el hipotético e improbable caso que ganara o ganase en mayoría el PSOE las próximas elecciones generales de 2020.

Cualquier reforma educativa debe contar con el profesorado y, por ahora, solo hemos escuchado precisamente lo contrario, que el profesorado sea evaluado por sus propios alumnos, aunque sea un simple cuestionario que se dice no tendrá repercusiones, pero que evidentemente las tendrá. En vez de implantar una carrera profesional dentro de un estatuto que contemple la evaluación del profesorado con unos criterios objetivos y ponderables, remunerada y reconocida, solo se nos ocurre pasar un cuestionario a los niños. Y como eso, la homologación salarial, las horas lectivas, etcétera, etcétera, etcétera.

A Celaá se le ha vuelto a olvidar el profesorado y al PSOE los errores del pasado. Hagan las cosas bien por una vez y no legislen sin tiempo y sin consenso, porque en Educación eso se llama fracaso escolar.

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