El Ayuntamiento de Ceclavín aprobó ayer por unanimidad exigir a la empresa concesionaria del abastecimiento de agua, llamada Agua y Gestión, que descuente parte de los gastos facturados a los vecinos en el recibo correspondiente a septiembre. Y es que durante 15 días de ese mes, los 2.100 vecinos de la localidad no tuvieron agua como consecuencia de una avería, y tuvieron, además de sufrir por el gran trastorno causado, que comprar agua embotellada para beber. El acuerdo del pleno es muy prudente, puesto que prevé dar la oportunidad a la empresa concesionaria a que se avenga a pagar por el servicio no satisfecho. Si no hay acuerdo, entonces interpondrán una demanda en los tribunales.
No es frecuente que un ayuntamiento, y menos tratándose de una localidad pequeña, acuerde esa demanda colectiva contra una empresa concesionaria de un servicio público, como en este caso. Pero por ser infrecuente se le echa de menos, toda vez que en demasiadas ocasiones estas empresas actúan como si la concesión solo fuera un negocio y no una responsabilidad social que no pueden desatender. Es más, no se debería haber llegado al acuerdo del pleno, puesto que debería haber sido la propia empresa, en la que el pueblo de Ceclavín depositó su confianza para que el agua no faltara nunca de los grifos, la que, por su propia iniciativa, decidiera algo elemental: no cobrar lo que no se ha servido.
