El Código Penal castiga tanto a la autoridad que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas y, en el mismo supuesto, a la que haya resuelto a favor de su concesión. El matiz está en el inciso "a sabiendas de su injusticia". Una autoridad puede otorgar una licencia si considera que no es injusta, aunque tenga un informe desfavorable, y también puede denegarla, con informe favorable, si considera que es injusta. En ambos casos hay que calibrar si quien actúa es conocedor de la situación de injusticia, ya que los informes son un trámite que sirve para formar la voluntad de quien resuelve.

El urbanismo es una rama del derecho y es un dicho muy extendido que "en derecho todo es opinable". Así, el que un informe sea favorable o no, depende del punto de vista de quien lo emite, que suele hacerlo objetivamente, aplicando su criterio profesional.

Si los jueces, que son quienes interpretan las leyes, ante situaciones idénticas, a veces pronuncian sentencias dispares con fallos contradictorios, ¿qué no puede ocurrir en el urbanismo donde es muy difícil saber qué normas hay que aplicar? ¿Hay que acusar a un juez de prevaricación por haber dictado una sentencia aplicando la ley según su leal saber y entender, y se equivoca? ¿Habría que juzgar a los jueces cuyas sentencias son anuladas por una instancia superior?

Si para expertos en urbanismo es complicado distinguir sobre lo que es legal o ilegal, ¿cómo no va a ser difícil para profanos en la materia como lo son una gran parte de los alcaldes de nuestros pueblos?

Todo esto viene al hilo de la acusación formulada contra el alcalde de Ceclavín por haber concedido licencias con informes desfavorables, en la que también se estima en un millón y pico de euros el perjuicio ocasionado al ayuntamiento como consecuencia de la falta de aseguramiento de las cesiones obligatorias. Entiendo que es al revés, que el alcalde ha ahorrado bastante dinero al municipio, y voy a dar mis razones.

Si no hubiera otorgado estas licencias las calles no estarían urbanizadas y aptas para edificar, quienes no tenían vivienda seguirían sin ella y se habría paralizado la actividad urbanística, porque los propietarios de los terrenos no suelen ponerse de acuerdo para ejecutar el planeamiento como lo demuestra el que no se haya ejecutado ninguna Unidad de Actuación ni en este pueblo ni en los próximos, a pesar de los años que llevan vigentes las Normas Subsidiarias.

Y si se hubiera podido llevar a cabo tendría que haber sido por ejecución del ayuntamiento, mediante expropiaciones, desembolsando el precio de los terrenos (cosa imposible dada la actual coyuntura económica), realizando la urbanización y la dotación de los servicios y, muy importante, el suelo habría alcanzado un precio muy elevado, casi imposible de pagar, ya que el ayuntamiento intentaría recuperar todo el dinero invertido previamente. De no hacerlo así el alcalde sería acusado de perjudicar al ayuntamiento por bastante más de un millón de euros y ahora tendríamos un ayuntamiento endeudado y con muchos solares para vender con la imposibilidad de ser comprados.

Como se ha venido haciendo se ha conseguido que un buen número de vecinos tengan vivienda, ha permitido seguir trabajando a constructores, albañiles, obreros, empresarios de materiales de la construcción, se han asentado varias familias en el pueblo, el ayuntamiento ha percibido sus impuestos y se ha dado dinamismo a la economía local.

Puede que el ayuntamiento haya dejado de percibir las cesiones obligatorias, pero como éstas tienen que nutrir el patrimonio municipal de suelo, y uno de sus destinos es la construcción de viviendas, hemos conseguido lo mismo, ya que quienes necesitaban vivienda ya la tienen sin que le precio del suelo se haya disparado. En una palabra, se ha actuado como se ha hecho toda la vida en los pueblos para conseguir un crecimiento equilibrado e impedir la especulación. Ello demuestra que muchas veces las normas urbanísticas son un inconveniente para el desarrollo de los pequeños municipios por lo que no es de extrañar que muchos alcaldes estén en contra de aprobar un Plan General.

Ahora se está exigiendo a quienes no tienen vivienda que cedan terrenos y asuman los costes de la urbanización. Lógico, pero es que antes los asumían los ayuntamientos pavimentando las calles y dotándolas de servicios con subvenciones o contribuciones especiales. ¿Cuántos hemos tenido que pagar para que nuestras calles estén pavimentadas y urbanizadas?

Si con una actuación, aunque no vaya muy de acuerdo con las normas, no sólo se persigue sino que se consigue un fin loable, a lo mejor es que estas normas no son del todo buenas. Habría que adaptarlas a las circunstancias y si se tiene que legislar de manera diferente para las ciudades que para los pueblos, pues que se haga.

Me es igual el color político que tenga un alcalde. Creo que la inmensa mayoría trabajan para el bienestar de sus pueblos y si para lograr este fin se mete la pata, habrá que hacerlo, aunque se tenga que soportar todo el rigor de la justicia ¿o de la injusticia?