El alcalde de Ceclavín, Pedro Martín González, ha sido condenado a más de 8 años de inhabilitación para cargo público por haber cometido un delito continuado de prevaricación, toda vez que otorgó 8 licencias de obras sabiendo que eran manifiestamente ilegales. Martín ha recurrido la sentencia, con lo que la condena no es firme, y ha presentado su baja como militante del PSOE, pero pretende seguir ostentando la alcaldía para la cual la justicia lo considera inhabilitado. El PSOE se da por satisfecho con la renuncia a su militancia, pero no se propone mover un dedo para removerlo del puesto: este partido no encuentra incompatible sostener a un alcalde que un juzgado lo ha condenado por prevaricación --provisionalmente condenado, pero condenado al fin mediante juicio celebrado con todas las garantías legales-- con que continúe presidiendo el Ayuntamiento de Ceclavín.
Flaco favor hace ahora el PSOE a la democracia: su mensaje es una invitación más a la desafección hacia la mayoría de la clase política, pues hace apenas tres días fue el PP el que ha mantenido en el cargo a la alcaldesa de Valdehornillos, también condenada a inhabilitación y a cárcel. Actuaciones como estas --que ponen de manifiesto que a los partidos mayoritarios no parece repugnarle defender la ejecutoria de personas condenadas por delitos cometidos en sus cargos políticos--, hacen muy difícil que los ciudadanos tengan confianza en sus representantes públicos, convertidos en maestros en el fariseísmo de criticar conductas en el adversario idénticas a las que amparan cuando las ejecutan ellos. Con decisiones así, la democracia va poco a poco empobreciéndose.
