WEwl fenómeno de la llegada descontrolada de inmigrantes a España ha sacado a la luz algunas contradicciones flagrantes entre distintos estamentos administrativos. Así, mientras los ayuntamientos han empadronado a extranjeros tuvieran o no papeles, la policía, que debe perseguir a los inmigrantes en situación irregular, no ha tenido acceso a los datos del censo de muchos municipios. Ahora es el Instituto Nacional de Estadística (INE) el que ha decidido, en coincidencia con las autoridades locales, negar esa información a la policía.
Las listas del censo son elaboradas por los ayuntamientos y éstos asumen que los inmigrantes en situación irregular no se empadronarán si saben que la policía puede acceder a esos datos para expulsarles. Pero sólo si son censados tienen derecho por ley a recibir servicios esenciales como la enseñanza o la sanidad. De ahí que los sindicatos defiendan que las listas del padrón no sirvan para el control policial, como contempla la ley de extranjería, con el apoyo del PP y del PSOE. Tal vez la reforma del reglamento de esta norma sirva para aliviar este conflicto en el que entran en juego los derechos humanos de los sin papeles y el necesario control de las situaciones irregulares.
