Diputado del PSOE al Congreso por Cáceres
El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados ha presentado cuatro proposiciones no de ley para defender la continuidad de la función formativa del CIMOV de Cáceres. Por medio de ellas hemos planteado diferentes soluciones para garantizar la existencia de un centro de formación militar en Cáceres. La primera proposición fue debatida en el Congreso el 22 de mayo del 2001, y en ella se instaba al Gobierno a tomar las medidas adecuadas para garantizar el futuro del CIMOV. Fue rechazada por el PP en razón a dos argumentos. Según el primero de ellos, porque estaba previsto que a finales del año 2002 el CIMOV dejaría de estar destinado a finalidad formativa (pero estamos en junio de 2003 y aún sigue haciéndolo). Según el segundo argumento, suponía una limitación a la facultad organizativa de las Fuerzas Armadas. Un argumento escasamente constitucional, toda vez que nuestra Constitución no sustrae de la competencia del Congreso ninguna competencia, grande o pequeña.
El 29 de octubre del 2002 fue debatida en la Comisión de Defensa del Congreso la segunda proposición socialista, por la que se instaba al Gobierno a crear en la base militar de Santa Ana el centro de formación de la reserva voluntaria prevista en la Ley 17/1999 sobre el régimen de personal de las Fuerzas Armadas. También fue rechazado.
El 25 de junio del 2003 hemos debatido otra proposición del Grupo Socialista instando al Gobierno a la creación de tres unidades de formación de tropa profesional para las armas de Infantería, Artillería y Caballería, dependientes de sus respectivas academias. Además, hemos insistido en la necesidad de crear el Centro de Formación para los Reservistas Voluntarios. Hemos puesto sobre la mesa nuevos argumentos. El primero, el de que no es incompatible atribuir la formación de los soldados a las academias militares con otras opciones formativas. El ejemplo es lo que ha ocurrido con el Batallón de Instrucción Paracaidista de Murcia. Su disolución no ha significado la desaparición de la acción formativa de las instalaciones donde se hallaba ubicado y, además, parte de su personal ha sido asignado a la Academia de Infantería de Toledo, que de este modo desarrolla actividades formativas fuera de su recinto tradicional. La misma base cacereña es un ejemplo de cómo se pueden deserrollar actividades formativas de tropa profesional fuera del recinto de las correspondientes academias. Por lo que se refiere al Centro de Formación de Reservistas, pese a la urgencia que Defensa mostraba a finales del 2002 para su constitución, la realidad es que aún no se ha definido en qué centro se van a formar.
Desde nuestro punto de vista, el Gobierno debe aclarar a la ciudadanía cacereña qué pretende hacer realmente con la base militar de Santa Ana. En este momento conviven dos hechos contradictorios. Por una parte, la continuidad de la actividad formativa, desbordando el plazo inicialmente establecido de finalización del 2002. Por otra, la inclusión de las instalaciones en el plan de propiedades innecesarias, lo que significa el anuncio de una muerte próxima del centro de formación. Por ello, hemos presentado otra proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a excluir del plan de propiedades innecesarias a la base de Santa Ana.
El PSOE ha utilizado diversos argumentos, racionales y convincentes: la idoneidad en las instalaciones para el desarrollo de la formación profesional militar; el posible trato discriminatorio que se infligiría a Cáceres al suprimir tales instalaciones; el efecto negativo sobre la economía local; el deseo de reivindicación de la ciudadana protagonizada por la Plataforma por la Continuidad del CIMOV; el rechazo a temidas operaciones urbanísticas de carácter especulativo sobre los terrenos de la base de Santa Ana, etcétera. Pero sobre todos esos argumentos, con ser muy importantes, destaca el que consideramos fundamental: Extremadura aporta proporcionalmente más soldados profesionales al ejército que otras regiones más ricas y pobladas y por eso mismo la ciudadanía cacereña reclama, con justo derecho, que en Cáceres exista un centro de formación militar. Así pues, resumiendo, los cacereños estamos cargados de razón, porque las instalaciones son idóneas, porque es necesario formar profesionales, porque es posible hacerlo en Cáceres y porque es de justicia hacerlo en Extremadura.
