WEw l Grupo Socialista en la Asamblea sacó adelante una iniciativa para exigir a la Compañía Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña de Cetarsa, que el ERE que se propone sea consensuado con los sindicatos y que presente alternativas de industrialización al cierre del centro de Coria, el mayor sacrificado en ese expediente, puesto que 88 de los 120 trabajadores que la tabaquera piensa despedir trabajan en él.
El hecho de presentar esta iniciativa en la Asamblea, para que sea el Legislativo el que se pronuncie y dé solemnidad a la misma, es una buena idea, y en este sentido a ella debió de sumarse el PP aunque expresara con rotundidad sus fundados reparos de fondo. Pero la solemnidad de que la Asamblea exija a la SEPI que presente alternativas a la industrialización de la zona de Coria no es suficiente. Porque Cetarsa ya ha incumplido anteriores promesas de recolocación de despedidos, y porque el propio presidente de Cetarsa ya ha dicho en este periódico que no se compromete a lo que el Parlamento extremeño pidió ayer. Al menos Julio Viñuela no engaña a nadie. El PSOE sigue sin enfrentarse a este ERE de Cetarsa con la energía que era de desear, a pesar de que, como ya se ha dicho, es un expediente preventivo, puesto que la empresa da beneficios ininterrumpidos desde hace siete años; a pesar de que se trata de una empresa pública que juega con la baraja pública cuando le conviene y con la privada cuando le interesa. Si nadie se lo impide, lo seguirá haciendo. Y desde el punto de vista empresarial, no hay reproche, pero Cetarsa no es una empresa al uso.
