Tanto el Gobierno como los economistas del establishment están obligados a decir que el rescate de Chipre no es extrapolable a España. Y es cierto en lo que se refiere a las cifras, porque el apoyo a la economía de la isla, traducido al tamaño español, es sencillamente inabordable.

Otra cosa es el modelo elegido, que consiste en que los ahorradores chipriotas asuman una parte del coste, exactamente el 58%, a través de un impuesto de nuevo cuño. Se trata de que no haya quita para los bonistas, los bancos alemanes y de otros países europeos que han invertido en la deuda pública de Chipre, sino para los particulares del país.

No es de extrañar que los chipriotas se lo tomen como una humillación, porque este mecanismo induce a un empobrecimiento abrupto de la población mucho más explícito que el aplicado en otros lugares, como es el caso de España.

Alemania ha querido dejar claro que no tiene interés en que se graven los depósitos por debajo de 100.000 euros, que es la cantidad teóricamente a salvo en todo el territorio comunitario. Lo único que le importa es que 5.800 millones de los 10.000 prestados salgan de los bolsillos de los chipriotas. El argumento ideológico de ese cambio de política es que el 40% de los depósitos de la desproporcionada banca de la isla pertenecen a ciudadanos rusos y son de dudosa procedencia. Sin embargo, no es razonable que la lucha contra el blanqueo en un país miembro tenga que pasar por castigar también a los ahorradores locales.

Con la misma determinación que se mantiene la doctrina de la austeridad y los recortes, que hasta ahora solo ha conseguido profundizar la caída de la demanda y la recesión, el Eurogrupo adopta un nuevo dogma de tinte antisocial y obliga al Gobierno de Nicosia a montar un minicorralito para evitar que la gente ponga a salvo su dinero. A partir de ahí, es difícil sostener que se trata de algo excepcional que no se repetirá. Chipre es tan pequeño que el efecto de su catástrofe no ha hundido a los mercados, pero sin duda sienta un precedente muy preocupante.

Si la derivada que se pretende conseguir con estas medidas es desactivar a Nicosia como semiparaíso fiscal, había caminos mucho más directos y, sobre todo, más justos desde el punto de vista de los intereses de la población. El plan de ayuda a Chipre es un aviso a navegantes con todas las de la ley.