Hace más de cuatro años que los rotativos del Grupo Zeta impulsaron una campaña que recogió on line 7.500 firmas de particulares y entidades para exigir el fin del limbo legal de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El Ministerio del Interior elaboró un reglamento, que se concretó en el 2014, y que no ha servido de mucho. Los CIE siguen siendo cárceles encubiertas en las que los internos aguardan en unas condiciones lamentables de reclusión a que se resuelva su expediente. Las denuncias de las oenegés y los testimonios de muchos internos hablan de vulneraciones de los derechos humanos. Cabe recordar que los internos de los CIE no están en los centros por haber cometido un delito, sino por haber entrado en España de forma irregular.

Es en este contexto que primero en el CIE de Aluche y después en el de Barcelona varios internos empezaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones de los centros. Les apoyan un amplio espectro de entidades, ciudadanos y, en el caso de Barcelona, de instituciones. Al amparo de la protesta, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que llevará ante el juez la resolución de precinto del CIE después de que el Ministerio del Interior hiciera caso omiso a un intento anterior en verano. Y en el caso de Aluche, la justicia madrileña ha ordenado instalar cámaras de seguridad tras la presentación de diversos escritos de queja a raíz de los incidentes de hace dos semanas.

Los CIE, nacidos en la caduca ley de extranjería, son un claro ejemplo de lo que no funciona en la política migratoria, superada por una realidad que dice que muchas de las personas que entran de forma ilegal en el país huyen de conflictos bélicos y de situaciones de pobreza originadas por ellos. Es la misma parálisis que se ve en otras partes de la UE. La incapacidad de encontrar una fórmula digna de tratar con migrantes y refugiados no es solo española.

La protesta de los CIE está coincidiendo con el desmantelamiento del campamento de Calais, símbolo junto a los campos en Grecia de este gran fracaso europeo. Las autoridades francesas distribuyen ya en 280 centros repartidos por toda Francia a las 3.000 personas que permanecían allí. Muchos de ellos anuncian que en cuanto pueda regresarán, porque su objetivo es llegar al Reino Unido, donde a su vez crece el sentimiento xenófobo hacia los extranjeros. Los CIE y Calais son dos caras de una emergencia humanitaria que exige una solución global, no dudosos parches como se han puesto hasta ahora.