El Gobierno de Aznar lanza su gran ataque legal contra el vasco: lleva al Tribunal Constitucional el plan Ibarretxe para que ni siquiera pueda ser debatido en el Parlamento foral. Golpea en el punto clave, porque aunque el proyecto del lendakari incluya una ampliación de competencias que puede ser legítima, supone una reforma encubierta y unilateral de la Constitución por una vía no prevista en nuestras leyes.

La ofensiva tiene otros frentes, como la retención de dinero del cupo vasco para compensar cantidades en litigio y la denuncia de un pacto pesquero de Vitoria con Mauritania. Pero, además, el Ejecutivo exige que se retire una circular educativa que define como "inmigrantes" a los alumnos que llegan a Euskadi desde el resto de España, por considerar que esa expresión es separadora, cuando eso se denomina de idéntica manera en otras autonomías sin que provoque recelos ni protestas. Este ejemplo refleja lo más dramático de la situación creada: a la crispación que genera la postura del PNV, el PP opone a veces desmesuras que a su vez hacen aún menos racional y clara la situación. Esa hostilidad antinacionalista visceral y poco integradora que nos ha llevado al actual callejón sin salida, sigue actuando.