En Marbella hay una crisis municipal que va más allá de su inevitable extensión a los ámbitos del cotilleo televisivo. Tres partidos democráticos como son PP, PSOE y el Partido Andalucista, luchan por asegurar que sus representantes en el consistorio se comporten de acuerdo con los principios democráticos y no cedan a las pretensiones de Jesús Gil de apartar de la alcaldía a su tránsfuga particular Julián Muñoz. Ambos personajes son unos perillanes que no merecen ninguna consideración: echar a uno supone consolidar al otro.
El PSOE y el PA tienen comprometidas sus siglas en la extraña maniobra de apartar a Muñoz de la alcaldía. Los socialistas --escarmentados por lo sucedido en la Comunidad de Madrid-- han llegado a pedir al Gobierno del PP que ejerza su facultad legal de disolver el consistorio marbellí, aunque se trate de un recurso extremo. Que los gilistas de Marbella se peleen entre sí es anecdótico. Pero los partidos democráticos deben reaccionar y demostrar su solidez moral ante la crisis de un municipio que arrastra la leyenda de ser el principal cobijo español de la corrupción financiera internacional. Los síntomas son suficientes para pedir una intervención pública.
