CIUDADANOS INMIGRANTES

Las migraciones interiores entre localidades de una misma provincia o entre regiones siguen existiendo, aunque a una menor escala, siendo sujetos de la misma muchos extremeños y no extremeños que vivimos en la actualidad en Extremadura, y que hacemos de la misma una tierra universal.

El fenómeno de la inmigración actual se entiende en los mismo términos que durante cuarenta años en nuestra tierra existieron personas, familias y grupos para quienes la motivación para emigrar fue la persecución política y/o religiosa. Pero fueron las causas económicas, idénticamente que hace cincuenta años en nuestra tierra, las que mejor explican los grandes flujos migratorios actuales hacia los países más desarrollados, partiendo de la desigualdad entre los países ricos y los países pobres. En estos países pobres, la ausencia de oportunidades de empleo para una población en edad de trabajar que crece incesantemente conduce a la decisión de emigrar, mientras que los países ricos demandan mano de obra tanto en el sector formal de la economía como en la economía sumergida.

Extremadura funciona hoy al igual que otras áreas desarrolladas como zona reclutadora de mano de obra no cualificada, que atrae o invita a los trabajadores inmigrantes para que ocupen aquellos empleos caracterizados por condiciones que los hacen poco deseables, y que por ello son dejados vacantes por trabajadores extremeños, quienes prefieren continuar adquiriendo cualificaciones con vista a un futuro laboral más prometedor, mientras siguen buscando empleo que satisfagan sus expectativas.

La ley que regula la situación de estos ciudadanos inmigrantes, que vienen a ocupar esos puestos de trabajo generados debido al crecimiento económico, o a ocupar los nichos de empleo que no queremos ocupar los extremeños y los españoles, es la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derecho y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que recoge que los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los tratados internacionales, y entiende que los extranjeros ejercitarán sus derechos en igualdad de condiciones que los españoles. Asimismo, recoge que las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones religiosas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a los mismos.

En estas fechas cumplirá un año la entrada en vigor el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000. Este real decreto se aprobó con un altísimo grado de concertación, entre diferentes fuerzas políticas, agentes sociales y organizaciones no gubernamentales. Participando todos ellos a través de aportaciones, y de manera especialmente sindicatos y empresarios, que a través del proceso de negociación mostraron su conformidad con el conjunto de la norma de regulación laboral contenida en el Reglamento.

El aspecto más destacado durante este primer año de vigencia del nuevo reglamento ha sido el proceso extraordinario de normalización. En palabras del Consejo Económico y Social (La inmigración y el mercado de trabajo en España ), "era innegable la presencia de un importante volumen de extranjeros en situación administrativa irregular, la mayor parte empleados de manera informal, fenómeno cuya existencia había que reconocer y afrontar". Por tanto, el proceso de normalización era una premisa básica para que la ordenación de los flujos migratorios funcionara mejor a partir de ese momento. También se explicaba para hacer aflorar economía sumergida; el empleo sumergido con trabajadores extranjeros en situación irregular, se explicaba por las ventajas que podía otorgar a sus protagonistas, pero indudablemente, obstaculizaba la integración laboral de los inmigrantes, degradaba las condiciones laborales, aumentaba la segmentación laboral, favorecía la competencia desleal empresarial, se perdían ingresos fiscales, se reducía la actividad económica y, sobre todo, se favorecía la exclusión social provocando que estos ciudadanos no pudiesen ejercer sus derechos civiles y sociales en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos españoles, tal como lo recoge la propia Ley de Extranjería y nuestra Constitución.

En el proceso de información para la obtención de las distintas autorizaciones administrativas tanto del proceso de normalización como del resto de autorizaciones recogidas en el reglamento, intervienen muchos agentes sociales y colectivos, entre los que destacamos primeramente las asociaciones de empresarios, organizaciones no gubernamentales, que no las cito por el riesgo de dejar a alguna en el tintero, la Consejería de Bienestar Social a través de sus Oficinas Permanentes de Información, la FEMPEX, los sindicatos UGT y CCOO a través de sus secretarías con competencia en inmigración; y a nivel de información y tramitación de las distintas autorizaciones interviene la Brigada de Extranjeros de la Policía Nacional, con su excelente trabajo y los funcionarios de la Oficina de Extranjeros con su gran profesionalidad y condición humana. En nombre de estos últimos y en el mío propio, aprovecho la ocasión para desear Felices Fiestas a todos los colectivos detallados y a los ciudadanos extranjeros --profesen o no la religión católica-- y a todos los ciudadanos españoles, para que este nuevo año sea un año de concordia y próspero en enriquecimiento cultural entre todos.

*Jefe de la Oficina de Extranjerosde la Subdelegación del Gobiernoen Badajoz