WLw a vicepresidenta y consejera de Economía, Dolores Aguilar, está en el centro de la polémica a raíz de que el PP desvelara que su consejería se había comprado un coche marca Lexus cuyo coste ha sido superior a los 68.000 euros. Ayer, ante el revuelo suscitado, Aguilar pidió disculpas: dijo que la compra se decidió a principios de año "cuando las circunstancias eran muy diferentes", y que si hubiese sido ahora se hubieran arreglado con el coche que tenía su departamento.
El problema no es solo que este asunto del coche de la vicepresidenta segunda haya salido a la luz en el momento en que se hacen continuas llamadas a la austeridad por parte de la Junta, sino que, además, viene a abonar la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad de su políticos para ser austeros. Y los ciudadanos tienen sobrados motivos para desconfiar. En este sentido, ¿es necesario, con independencia de la situación económica general, gastarse 68.000 euros en un coche, cuando ese dinero es más de lo que se gasta el Congreso para el presidente o el Ministerio del Interior para su titular? La primera reacción de la Junta al salir a la luz este gasto fue justificarlo en que se trataba de un coche híbrido que habría de ahorrar más de 2.000 euros al año en combustible. Una argumentación endeble, puesto que ni es el único coche híbrido que hay en el mercado ni el común de los extremeños puede gastarse ese dinero para poder alcanzar el ahorro que se pregona.
Demasiadas veces salen a la luz datos que demuestran que los responsables políticos tienen una manga muy ancha cuando se trata de ellos mismos: sueldos, dietas, coches oficiales, viajes... Algún día habría que ponerle coto a todo esto y que los sueldos fuesen iguales para cada categoría y que el parque móvil no dependiese de cada departamento. El problema es que quien habría de decidirlo son los que saldrían perjudicados.
