Los presidentes de Castilla y León y Extremadura, Juan Vicente Herrera y Guillermo Fernández Vara, acordaron ayer en Valladolid establecer un sistema de colaboración por el cual los ciudadanos que vivan en la zona limítrofe entre ambas regiones puedan dirigirse a los servicios sanitarios que tengan más cerca de sus domicilios, sin importar que sea de su comunidad o no. El acuerdo, que contempla también traslados a hospitales de una región u otra cuando las circunstancias lo requieran, servirá igualmente para asuntos que tengan que ver con la atención a la dependencia, a la educación o a la violencia doméstica.
Que un acuerdo como este se convierta en noticia --en realidad existía desde hace diez años, pero ahora se ha actualizado-- da una idea clara de la deriva que ha tomado la profundización de un autonomismo mal entendido, que ha hecho que se olviden políticas obvias de colaboración entre comunidades cuyas consecuencias pagan los ciudadanos.
Ejemplos como este ponen de manifiesto la necesidad de que haya un ámbito de discusión que evite que cada región vaya por su lado (debería ser el Senado, pero no se vislumbra su reforma) y de que lleguen a buen puerto ideas como la de Vara, que quiere convocar una conferencia de presidentes que se ocupe de acordar medidas iguales para todos, sin importar de qué región se es.
