Las cifras hablan por sí solas. De los casi 65.000 presos que hay en las cárceles españolas, un 31% son extranjeros y cada tres meses ingresan en prisión 1.000 nuevos reclusos. De seguir con este ritmo nuestras prisiones, ya suficientemente saturadas, llegarían a una masificación insoportable, con lo que eso significa, sobre todo, en términos de inseguridad.

Con este panorama, la iniciativa de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de promover que los presos foráneos cumplan las condenas en sus países de origen puede aliviar un poco la situación, si es que se consigue que los países en cuestión lo acepten. Se ha dicho y es verdad, que la idea no es novedosa, que el Convenio de Estrasburgo permite el traslado de presos y el cumplimiento de condenas en los respectivos lugares de nacimiento o residencia si es que estos han suscrito dicho convenio, pero a la hora de la verdad, los papeleos son tan largos y las gestiones tan complicadas, que rara vez, salvo casos excepcionales, se formaliza tal decisión.

Teniendo en cuenta que en España el colectivo de presos extranjeros más numeroso es el marroquí, con casi 5.500 personas, seguido del colombiano (2.137) y el rumano (1.365) y que nuestro país tiene convenio con estos tres países, en teoría no tendría que haber mayores problemas con la ley en la mano. Sin embargo, la idea que maneja la responsable de prisiones es incentivar a esos países con ayudas económicas para que mejoren sus sistemas penitenciarios. Estos tendría sentido en países donde existen las mínimas garantías sobre el uso que se le de a ese dinero, pero sería absurdo en aquellos done está sobradamente demostrado el altísimo nivel de abusos y corrupción de sus prisiones.

XSE PODRIAx enviar ayuda económica a Rumania, donde el gobierno está dirigiendo el proceso de adaptación del sistema penitenciario a las normas de la Unión Europea, de cara al ingreso de dicha nación en el club comunitario. Teniendo en cuenta el elevado número de rumanos encarcelados en España, no estaría mal hacer un esfuerzo económico para que dichos presos cumplan las penas en su país.

Caso distinto es el de Marruecos o el de países donde se conculcan sistemáticamente los derechos fundamentales de sus ciudadanos y más aún en sus prisiones, donde no existe ningún tipo de garantías para los reclusos. En estos casos, el Gobierno debe limitarse a exigir el cumplimento de los convenios firmados sin ningún tipo de ayudas para su aplicación.

Sea como fuere, si el número de ingresos en prisión continua creciendo en España al ritmo actual, el Gobierno se vería obligado a tomar medidas de urgencia y, o promueve que los inmigrantes sean devueltos a sus países o ya puede ir pensando en construir nuevas cárceles, con la carga de impopularidad que ello supone de cara a las elecciones de mayo del año que viene.

Eso es lo que tiene gobernar y tener el poder que, guste o no, hay que tomar decisiones, aunque sean impopulares.

*Periodista