Una Colombia en paz es el grito de muchos colombianos, que anhelan justicia, paz, memoria y reconciliación. He tenido la oportunidad, formando parte de la V Caravana Internacional de Juristas, de asistir a esa primera firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC. Así como de participar en ese proceso de reivindicación de las organizaciones de víctimas reclamando su protagonismo en este proceso de paz, bajo la Ley de Restitución de Víctimas, la Ley 1448, un espacio directo de participación en la verdad, la memoria y restitución de sus tierras. Hablamos de un conflicto de más de cuatro décadas, y de ocho millones de víctimas. Un escenario de conflicto que hace de un gran país, como Colombia, el territorio de las mafias, la desesperación, los falsos positivos, la instrumentalización de grandes emporios mercantiles; así como la violación de derechos de las grandes minorías.
Y del resultado del plebiscito, que era parte del compromiso del primer acuerdo, nació el No. El No ante una falta de pedagogía, una gran intimidación, especialmente en los núcleos rurales, ante lo que podría convertirse en el escenario de la impunidad. Con grandes resistencia de determinados sectores colombianos, que miraban a la paz como parte de una estrategia que rompería escenarios económicos, especialmente privilegiados. Se utilizaba en el discurso del No el elemento de la impunidad. Un hecho duro, de veras, por lo que supone de recuperación de una memoria sin justicia. Pero esto nunca debiera sobreponerse al anhelo de paz, como máximo mandato de dirigentes y gobernantes. Y en el caso de Colombia de su propia Constitución.
Pues bien, ante el varapalo del No, se volvieron a ver las caras los mismos, Gobierno y FARC, y fraguaron un nuevo documento sobre el que habían chirriado muchas críticas. Sin duda, para mejorar el contenido de más de trescientas páginas del firmado en agosto de 2016. Una implementación que contempla cuestiones tan determinantes, como la reparación indemnizatoria de las FARC --reclamo de sus patrimonios directos--, la petición expresa del expresidente Uribe en relación a la no expropiación de tierras si en este momento es pacífico su uso. El sometimiento, más allá de la Jurisdicción de Paz, a la Corte Constitucional Colombiana, como la instancia de cierre que se presenten contra las decisiones del Tribunal para la Paz. El enfoque de género, respecto al reconocimiento de las mujeres como víctimas de todo tipo de violencia. En este punto, recuerdo diferentes reuniones mantenidas con colectivos de mujeres, que habían sufrido violaciones, las dificultades que tenían para plantear la denuncia en el ámbito jurisdiccional, y el pánico a represalias. De hecho, sobre este tema hay pocas estadísticas al respecto.
Introducir, por otro lado, la discriminación del que tiene cuentas pendientes con la justicia, por mor de su actividad como guerrillero, y los delincuentes comunes, que no sean objeto de ningún tipo de tratamiento penal favorable. Claro ejemplo de los innumerables casos de bandas de narcotráficos y de tráfico de armas y prostitución. Otro de los temas añadidos tiene que ver con el hecho de que los militares y policía tengan todos los beneficios que la justicia transicional les brinda a los guerrilleros que dejen las armas.
Un nuevo documento que reconfirmar el acuerdo entre el Gobierno Colombiano y las FARC, y que ahora será llevado al Congreso, con el ejercicio determinado y determinante de abrir el espacio para la paz en un país y unos ciudadanos que lo merecen. No es fácil, especialmente cuando una observa la destrucción de hogares, familias, la pobreza de los de siempre, el desahogo que puede suponer la paz. Pero esta siempre merece y merecerá la pena, si tiene la convicción de estar basada en la verdad, la justicia, y la reparación de las víctimas.
*Abogada
