El Gobierno ha propuesto que la regulación futura de los horarios comerciales la realice cada comunidad autónoma siguiendo unos criterios básicos. El proyecto de ley ha sido ampliamente contestado desde mucho antes de su concreción, porque impide que el modelo que impulsó el PP de libertad absoluta de horarios, que debía entrar en vigor en el 2005, acabe favoreciendo a las multinacionales del sector. Con esta decisión, el Ejecutivo español acaba con todos los contenciosos sobre la materia iniciados hace ya 25 años, porque reconoce que la competencia en esa materia corresponde a las comunidades autónomas por ser la administración más cercana a los intereses de consumidores, comerciantes y proveedores. De no existir un lobi tan potente como el de las multinacionales de la distribución, la simple cuestión de los horarios de apertura de los comercios en festivo estaría solucionada desde hace tiempo. Salvo en Francia, en la mayoría de países de la Unión Europea sólo se permite la apertura dominical sin restricciones a comercios familiares o en zonas de servicio (quioscos y estaciones de ferrocarril). La futura ley se tramitará por la vía de la urgencia en el Congreso. Será la ocasión de ver qué intereses defiende cada grupo.
