XLxa aprobación del nuevo estatuto de autonomía de Cataluña en el Congreso y, pocas horas después, el alto el fuego terrorista declarado por ETA, aunque descontados desde hace meses, han tenido gran impacto en el espacio público. Al comienzo de una nueva época, parten con ventaja los partidos de los nacionalismos moderados y democráticos cuya estrategia se articula en GALEUSCA, la alianza de CiU, PNV y BNGa, y otros. Estos partidos nacionalistas manifiestan claridad de ideas, convicción y entusiasmo, cuando reclaman enérgicamente la autodeterminación, la libre asociación o cualquier versión de la soberanía para los pueblos del Estado español. Han elegido la vía de las reformas estatutarias hasta donde aguante la letra de la Constitución, si bien son partidarios de que se suspenda, limite o acomode la acción de los poderes del Estado al proceso de negociación.
Juntos y por separado, los galeusquistas se presentan como abanderados del diálogo abierto y sin condiciones. Exigen generosidad y valentía para buscar la fórmula confederal que asocie estas naciones en un tipo de Estado hasta ahora inédito, que más tarde que pronto necesitaría un tipo de constitución también inédito. Pero todavía dentro de la constitución, se proponen objetivos más moderados y democráticos como la soberanía fiscal compartida en Cataluña, la libre asociación entre el País Vasco y Navarra (lo de los territorios vascos franceses sólo es de boquilla) y un preámbulo estatutario donde aparezca la palabra nación para Galicia.
Los partidos nacionales, PSOE y PP, tendrán que asimilar estos hechos objetivos en sus discursos políticos respectivos, cuya pugna decantará el liderazgo nacional en los próximos años. Un capítulo de estos discursos ya está escrito en el poco recordado Informe que aprobó el pasado 16 de febrero el Consejo de Estado sobre la reforma constitucional. En este informe, los principios de la Constitución de 1978 se confirman como el gran acierto en la historia española moderna y contemporánea, y su necesidad y validez están fuera de cuestión. Son los principios de solidaridad, de cooperación entre las administraciones, de las competencias del Estado que se deben fortalecer y que no se pueden fragmentar en diferentes centros de poder, si se quieren compartir las políticas públicas, y, por encima de todo, el principio de igualdad de deberes y de derechos de los ciudadanos españoles. Todos ellos marcan a la vez la misma dirección, la dirección de la convivencia en paz y libertad, y de las oportunidades para el desarrollo de cada persona. Los españoles en su inmensa mayoría han asumido personalmente estos principios y no han elegido cambiarlos, ni en las urnas ni fuera de las urnas.
De los grandes partidos nacionales se espera altura de miras. GALEUSCA adolece de falta de representatividad. Recordemos que sólo obtuvo 2 escaños en las últimas elecciones al Parlamento europeo, de los 54 que corresponden a España. Sin embargo, está ganando la batalla de las ideas en los foros políticos autonómicos. Sus desafíos y logros sientan precedentes que se siguen en otras comunidades autónomas. Ya, incluso en las de menor renta per cápita, supuestamente las que más tienen que perder en término económicos de la fragmentación de los poderes y disolución de las competencias del Estado en diferentes centros de poder político. De gran relevancia para el futuro de España es el proceso de reforma estatutaria emprendido en Andalucía y su desenlace. Aunque en los resultados del Barómetro del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, publicados en enero de este año, el 90% defiende que Andalucía se define como comunidad autónoma y el 3,3% como nación, en el nuevo estatuto se definirá por lo menos como nacionalidad histórica. Las élites políticas, capaces de interpretar el espíritu de la época, van por delante de los ciudadanos.
Extremadura es de las pocas comunidades que todavía no ha entrado en ebullición. Los extremeños tienen conciencia de ser beneficiarios en plena igualdad legal del Estado de las autonomías. No manifiestan preocupaciones estatutarias, sino de carácter económico o social, ni apoyan a los que cuestionan el equilibrio actual en la distribución del poder político. Pero el espacio público está abocado a un proceso constituyente que reordenará el mapa de preferencias y los criterios de elección de los ciudadanos. Quedarnos como estamos ya no es una opción válida.
*Economista
